EN 2010 SE DENUNCIARON 250 CASOS DE FRAUDE LABORAL
28 de Marzo de 2011
El diputado Julio César Moreno Rivera afirmó que en el 2010 se denunciaron 12 mil 191 casos de fraude, de los que aproximadamente 250, fueron por fraude de trabajo. En los dos primeros meses del año se han denunciado ante las autoridades correspondientes 50 casos.
El también presidente de la Comisión de Procuración Administración y Procuración de Justicia señaló que este tipo de ilícito debe ser sancionado con prisión, misma que de acuerdo con la reforma presentada ira de los 6 meses a los 10 años y de 400 a 4 mil días de multa, y será delito grave de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Dijo que los legisladores no deben ser omisos a las nuevas formas de exacción ilegítima de los recursos económicos, con lo que se busca un dinero indebido, a costa de las expectativas de inserción en el mercado laboral de quien no posee un empleo y aspira a conseguirlo de manera honesta.
Moreno Rivera detalló que 60 por ciento de los anuncios clasificados que se presentan en los diferentes medios de comunicación impresos, son colocados por agencias que ofrecen empleos que resultan atractivos para los desempleados, con pocas horas laborales y buenos salarios, en los que se tima a los solicitantes, bajo cualquier pretexto les piden dinero y jamás son contratados.
El diputado añadió que la mayoría de las víctimas de estas empresas “de cuello blanco” son personas con escasos recursos, adultos mayores y estudiantes. Recordó que la iniciativa consiste en reformar el artículo 233 bis del Código Penal del Distrito Federal, para tipificar como fraude a quien ofrezca por cualquier medio un empleo que resulte falso o inexistente, en perjuicio del patrimonio del solicitante, o que empleando los mismos medios se aproveche de una persona que ante la expectativa de obtener un trabajo no especifique las condiciones para la obtención del mismo y éste no se haya efectuado.
Moreno Rivera dijo que la actual legislación penal, sanciona en su artículo 233 a quien valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno o en cualquier agrupación sindical, social o de sus relaciones con funcionario o dirigentes de dichos organismos, obtengan dinero, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo.
