ALDF expide la Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en la Ciudad de México
19 de Octubre de 2017
- La complejidad con la que se cometen los hechos delictivos obliga al gobierno a implementar acciones de inteligencia que prevengan e habiliten la prevención de los mismos: diputada Wendy González Urrutia
De acuerdo con el reporte anual Hallazgos en el estudio: incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la Ciudad de México se ubica entre los tres primeros lugares del país donde más averiguaciones previas se abrieron por crímenes como extorsión, robo con violencia y de vehículos.
Para contar con las herramientas necesarias para atender la problemática, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Ciencia, Tecnología e Innovación, para reformar diversas disposiciones y la denominación de la Ley de Estudios Científicos para la Prevención del Delitos, ahora de la Ciudad de México. Con el objetivo de armonizarla con la nueva Constitución capitalina.
La delincuencia es una amenaza importante para la capital y es una barrera para el desarrollo político y social de la sociedad. Por lo que el Estado deberá garantizar las políticas públicas para prevención de delitos, de acuerdo con la nueva Constitución, indicó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Wendy González Urrutia y promovente de la iniciativa dictaminada en positivo y cuyo dictamen se presentó en tribuna por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Gonzalo Espina Miranda.
Quien señaló que “es sumamente relevante que la sociedad cuente con instrumentos jurídicos que hagan frente a los nocivos efectos de la delincuencia, que si bien adquiere dimensiones globales, para ser eficaz, debe tratarse de manera específica.
El Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito, debe ser un ente enfocado en coadyuvar con la creación de políticas de seguridad ciudadana particulares y que estén debidamente focalizadas en atender las necesidades concretas de las personas que habitan la Ciudad de México, agregó.
