APRUEBA ALDF PROPUESTA DE LA DIP. OLIVIA GARZA PARA EXHORTAR A SCJN A INICIAR PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD CONTRA MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ
11 de Febrero de 2015
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un Punto de Acuerdo promovido por la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Olivia Garza de los Santos, a través del cual se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciar un procedimiento de responsabilidad en contra del Ministro José Fernando Franco González por las declaraciones realizadas sobre los niños con discapacidad en el sistema de salud pública.
En el instrumento legislativo, la diputada del GPPAN recordó que el Ministro Franco González, en la sesión de la SCJN del día 5 de junio, cuando se analizó la Acción de Inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California, argumentó que “los niños con discapacidad dependiente tienen que tener una ubicación especial y separada, porque también está demostrado que a los demás niños que pueden estar en la guardería les puede afectar el tener el contacto con este tipo de menores, que lógicamente nos presentan a todos un impacto muy fuerte cuando los vemos y vemos sus condiciones”.
Estas declaraciones, apuntó, Garza de los Santos, fueron considerados por padres de familia y organizaciones de la sociedad civil como ofensivos y discriminatorios en perjuicio de los niños con discapacidad, al considerar que necesitan “ubicación especial y separada.
Abundó que aún cuando el 9 de febrero al inicio de la sesión pública del Pleno de la SCJN, el Ministro José Fernando Franco Salas pidió el uso de la voz y externó una disculpa pública por su dicho en la sesión del 5 de febrero; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé un sistema de responsabilidades para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
Dicho sistema, para su aplicación contempla entre otras causas, el no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores, así como emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento.
“El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere la ley en comento, se puede iniciar de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona; y es la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno el órgano competente para conocer de faltas de los ministros que la integran”, concluyó Garza de los Santos.
