BUSCAN CORREGIR LEY QUE DISCRIMINA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENOR A 68 AÑOS
24 de Abril de 2014
Debido a que las personas con alguna discapacidad menor de 68 años de edad podrían ser víctimas de discriminación derivado de la aplicación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, la diputada Ernestina Godoy Ramos presentó una iniciativa que reforma este ordenamiento legal.
Explicó que el 10 de septiembre de 2010, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal promulgó la citada Ley, que establece el derecho a recibir un apoyo económico equivalente a medio salario mínimo mensual a este sector de la población, lo que contribuye a la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos.
Sin embargo, afirmó, dicho avance se ve inmediatamente anulado por los requisitos para ser beneficiario, ya que la fracción II del artículo 43 de la misma ley, señala podrán acceder a ese derecho las personas con discapacidad permanente que sean residentes y nacidas en el DF.
Estamos frente a una disposición discriminatoria y sin sustento constitucional, afirmó la legisladora tras indicar que todos los habitantes del Distrito Federal tienen los mismos derechos, ninguna Ley superior establece una distinción para gozar de derechos y prerrogativas entre las personas que habitan una entidad federativa y los que son nativos de éstas.
Entonces, cuál es la justificación de esta disposición jurídica que en lugar de igualar el acceso al desarrollo de las personas con discapacidad les limita goce de sus derechos y prerrogativas a aquellas personas que habitan en el Distrito Federal y enfrentan una situación de igualdad de condiciones, cuestionó la legisladora.
Es decir, dijo, una persona con discapacidad con toda la vida habitando en el Distrito Federal, pero no originaria de esta ciudad, no podrá acceder al ejercicio de este derecho. Se trata de la cuarta parte de la población con discapacidad de la ciudad de México, que es automáticamente excluida a partir de la entrada en vigor de la ley, sostuvo.
Por ello, reiteró la importancia de rectificar y corregir la legislación recién aprobada y promulgada, pues en la ciudad de México, la política social se rige por una clara definición conceptual, plasmada ya en nuestras leyes, que asume que el Estado es y debe ser garante de los derechos sociales de las personas que aquí habitan, mediante políticas públicas, legislaciones específicas; políticas fiscales progresivas y financiamientos públicos con una clara orientación social.
