DEBE LA CIUDAD ENCAMINARSE A UNA CULTURA DE LA PAZ
25 de Junio de 2014
Ante el anuncio del gobierno de la Ciudad en el sentido de que regresaría con observaciones las recientes modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, que prohibía la presentación de animales en circos, el diputado Manuel Alejandro Robles aseguró que las modificaciones no apuntaban a protegerlos y que además tienen una consecuencia económico-jurídica.
Durante la entrevista que sostuvo esta mañana con el periodista Alejandro Brofft, de Capital 21, el legislador saludó esa decisión del gobierno de la Ciudad. Al interior de la Asamblea Legislativa, dijo, no se tenía previsto incluir este tema, pues se habían recibido también otras iniciativas, como la que plantea la abolición de las corridas de toros y no se tenía el consenso necesario.
“Nos pronunciamos (un grupo de 20 legisladores) por una moción suspensiva, pero no fuimos escuchados. Compartimos la causa de la cultura y el respeto a los animales, así como la no violencia. Si comenzamos con los animales seguramente alcanzaremos la aspiración de lograr una cultura de la paz en la ciudad, pero debe ser una norma general, equitativa y consensada”, consideró Robles Gómez.
Agregó que, más allá de la invasión de competencias, se estaba midiendo “con un doble rasero”: por un lado habría permisividad a las corridas de todos y por otro se aniquilaría a un sector, pues la iniciativa del Partido Verde no cumplía con las características de una norma, que debe ser general, impersonal y abstracta, pues en este caso no tenía alcance de proteger a los animales, sino que era una ley anti circos.
Consideró que la iniciativa se hizo con precipitación y con un plazo perentorio que no existía, pues no había un término, y por ello fue solamente una estrategia mercadológica que tuvo como conclusión el que fuera devuelta.
Refirió que no se trata de la primera vez que esto sucede: ya anteriormente se quiso imponer tipos penales para la violencia en manifestaciones, que recibió observaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero concluyó que “la discusión es propia de un órgano de gobierno y nos tenemos que corregir en caso de error”.
