DEMANDAN RECONOCER ENERGÍA ELÉCTRICA COMO UN DERECHO HUMANO
13 de Octubre de 2014
A nivel nacional la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) reporta que 10 millones de personas no cuentan con vivienda digna, en tanto que de acuerdo con datos oficiales del último censo y de la Secretaria de Desarrollo Social, en el Distrito Federal existen aproximadamente 2.5 millones de hogares, de los cuales el seis por ciento no cuentan con algún servicio o bien los materiales con que fueron construidos no son durables.
Así lo informó el diputado Alejandro Ojeda, quien comentó que ofrecer una vivienda digna para todos los mexicanos y para los capitalinos, sigue siendo un reto latente para los gobiernos federal y local, ya que el acceso a este derecho es pilar del desarrollo humano, porque permite que las familias quiebren el ciclo de la pobreza.
Al inaugurar el Foro “Día mundial del Hábitat, derecho a la vivienda digna y servicios básicos”, que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el legislador del PRD subrayó que una vivienda digna no puede entenderse sin cubrir los servicios básicos como agua potable, drenaje, piso firme, diseño adecuado y acceso a la energía eléctrica, entre otros.
Indicó que dejar sin energía eléctrica o realizar cortes de luz a usuarios que enfrentan cobros excesivos, sin explicación aparente y bajo el criterio de una estimación arbitraria y unilateral, no sólo niega a la ciudadanía el derecho a una vida digna, sino que la condena a la pobreza, la exclusión y la marginación.
Por ello, abundó el asambleísta del sol azteca, defendemos el cobro justo de la energía eléctrica y a pesar de que recientemente se impusieron las reformas energéticas, debemos seguir trabajando para avanzar hacia servicios públicos con tarifas justas y sociales.
“Estoy hablando del servicio de energía eléctrica como derecho humano”, aseguró el diputado local, quien estuvo acompañado por especialistas.
Explicó que el reconocimiento de este servicio público como derecho humano, dará una esfera de protección frente a las empresas extranjeras que en un futuro no lejano prestaran el servicio.
De conseguir dicho reconocimiento, los beneficios serán el establecimiento de tarifas sociales, determinadas por parámetros de nivel económico, desarrollo social, industrial y ambiental, lo que a final de cuentas repercute en el hábitat, que a final de cuentas tiene que ver con mantener la dignidad humana, la salud física y mental y una buena calidad general de vida.
En el foro participaron María Leticia Salinas Salgado, de Casa y Ciudad A.C., Jaime Rello de la Unión Popular Emiliano Zapata, y Ernesto Jiménez Olín de la Unión Popular Valle Gómez, quienes coincidieron en que las políticas públicas, tanto a nivel local como federal, deben estar encaminadas a validar el derecho a la vivienda digna para todos.
Luego de mencionar que en el Distrito Federal se concentra alrededor del 22 por ciento de la población nacional, está concentrada en el 0.03 por ciento de la superficie nacional, los ponentes se pronunciaron en contras de las normas 31 y 32 por considerar que fomenta la especulación, mercantiliza a la vivienda y excluye a los sectores de más bajos ingresos.
Rechazaron políticas implementadas por el Gobierno Federal de construir casas de interés social en lugares alejados de las ciudades, lo que además de romper el tejido social, también han generado el abandono de esas viviendas al ser imposible la movilidad de esos lugares a los centros de trabajo.
