Garantizar información pública para generar certeza jurídica a ciudadanía afectada en su vivienda, prioridad para atender emergencia con perspectiva de seguridad humana
05 de Octubre de 2017
Con la finalidad de garantizar que la información de la revisión y situación estructural de los inmuebles y planteles educativos afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre se publique en sitios oficiales del Gobierno de la Ciudad en formato de datos abiertos, las diputadas Margarita María Martínez Fisher (PAN) y Dunia Ludlow Deloya (PRI), presentaron un Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Asamblea Legislativa.
Para garantizar la reconstrucción de la Ciudad, se requiere un trabajo conjunto, interinstitucional y horizontal de acciones para capturar, filtrar, procesar y georreferenciar la enorme cantidad de información generada relativa a la emergencia, su atención y seguimiento.
Los ciudadanos deben tener acceso a una Plataforma Digital de difusión de la información sobre su inmueble, esta perspectiva prioriza la protección de la vida, la dignidad y el patrimonio de las personas.
Por lo anterior, la Asamblea Legislativa acordó solicitar al Gobierno de la Ciudad la publicación inmediata de manera electrónica y en un lugar visible, el enlace a un portal específico de acceso a la base de datos de información pública correspondiente a los siguientes aspectos:
1. La descripción del Procedimiento de Revisión Estructural de inmuebles.
2. La relación completa en su versión pública del total de las Evaluaciones Estructurales Preliminares realizadas por las brigadas interinstitucionales constituidas por diferentes instancias de la Ciudad a los inmuebles afectados.
3. La versión pública de la relación completa del total de los Dictámenes Gratuitos de Seguridad Estructural en centros educativos que exige la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
4. La relación de los nombres de los 1,500 Directores Responsables de Obra (DRO) con su respectivo número de registro ante SEDUVI, señalando aquellos que estén habilitados para ejercer su función (cédula vigente) y fechas de inhabilitación.
5. La relación de los nombres de los Corresponsables de Seguridad Estructural (CSE) que llevaron o llevarán a cabo las segundas revisiones estructurales de Seguridad Estructura en aquellos inmuebles con una evaluación de alto riesgo (inmuebles en “amarillo” y “rojo”), con el formato expedido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
6. Los formatos de captura para evaluación estructural resultantes de las segundas revisiones estructurales de los predios con semáforo “amarillo” y “rojo”, según el procedimiento de revisión estructural emitido por el Jefe de Gobierno, las cuales serán elaboradas por los Corresponsables en Seguridad Estructural incluyendo información georreferenciable en un plazo no mayor a 24 horas tras la elaboración de los formatos aludidos.
7. Una base de datos en formato de “datos abiertos” que contenga información en versión pública de los beneficiarios de las acciones institucionales y recursos económicos o materiales asignados de los programas establecidos para atender a las personas afectadas.
La Asamblea solicitó que la información requerida se estructure conforme al formato de “datos abiertos” que señala la ley en la materia y se publique en los formatos de csv, información tabular estructurada o excel, así como georreferenciados (con latitud y longitud), de manera que puedan ser recuperados de manera automatizada y reutilizados por cualquier ciudadano.
Las legisladoras reconocieron, que “el sismo generó un movimiento cívico de gran relevancia, en el que observamos a miles de ciudadanos que tomaron en sus manos los primeros esfuerzos por rescatar a personas atrapadas bajo los escombros y atender a las familias que perdieron su vivienda, el rescate de víctimas y de la Ciudad.
Entre los diversos esfuerzos cívicos que surgieron a partir del sismo, es muy importante mencionar a la plataforma #Verificados19S en donde de manera colaborativa y georreferenciada, se pudo capturar y consultar información respecto de riesgos, centros de acopio, albergues, transporte y actividades de voluntariado”, el planteamiento legislativo busca atender diversos planteamientos de la sociedad civil con quienes será fundamental coordinar esfuerzos.
