PIDEN A JORGE ROMERO INFORME SOBRE CONSTRUCCIONES IRREGULARES
21 de Agosto de 2013
Debido a la proliferación de construcciones irregulares en Benito Juárez, la diputada Dinorah Pizano Osorio, solicita al jefe delegacional enviar un informe pormenorizado de las construcciones que han sido suspendidas, clausuradas y las que han iniciado trabajos nuevamente en dicha demarcación.
Lo anterior debido a que de diez años a la fecha se han multiplicado construcciones para vivienda de manera ilícita, y sólo beneficia a un pequeño grupo que ve por sus intereses y se olvida de las afectaciones que ocasiona en zonas habitacionales que únicamente permiten tres niveles de construcción.
La legisladora perredista afirmó que este fenómeno es observable en todo el territorio del Distrito Federal, sin embargo tiene particular gravedad en el territorio que corresponde a la delegación Benito Juárez.
“A pesar de que en múltiples ocasiones en donde las construcciones irregulares han sido denunciadas por varios ciudadanos afectados, la autoridad competente no aplica las sanciones correspondientes por parte del jefe delegacional en Benito Juárez”, subrayó.
Pizano Osorio informó que el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal, en su artículo 117 fracción V y VI hablan de las atribuciones que tienen las delegaciones en cuanto a construcciones, en donde señala que las delegaciones tendrán competencia en asuntos de obras y servicios, protección civil y seguridad pública así como otorgar y revocar licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, observando las leyes y reglamentos aplicables.
Asimismo el Estatuto señala que corresponde imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos, así como elaborar los dictámenes técnicos respecto a las condiciones de riesgo de sitios o inmuebles en los términos de esta ley y del Reglamento.
Por todo lo anterior, la diputada Dinorah Pizano solicita al Jefe Delegacional en Benito Juárez, remita un informe pormenorizado a la ALDF, en un plazo no mayor a diez días hábiles, de las obras que han sido suspendidas, clausuradas y las que han iniciado trabajos de manera ilícita, así como el programa de demolición de las construcciones que tienen alguna sanción.
El punto de acuerdo fue aprobado por el pleno de la Comisión Permanente de la Asamblea Legislativa.
