PIDEN TRABAJADORES EMPLEO DIGNO Y DEMOCRACIA LABORAL
19 de Diciembre de 2011
Durante la conferencia de prensa realizada hoy 19 de diciembre, el diputado Arturo López Cándido presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), señaló que hoy no se respetan los derechos de los trabajadores mexicanos, como puede ser en sus contratos colectivos de trabajo; en las prestaciones que por ley son otorgadas en la ley federal del trabajo; en la toma de nota a los sindicatos que representan de manera legítima un gremio entre otras anomalías.
En este sentido el legislador acompañado de Raúl Pérez Ríos, secretario general del Sindicato de la Unión de Trabajadores de Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SUTIEMS), de José Antonio Vital Galicia, representante de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos; así como los trabajadores despedidos Iliana González Rodarte y Abel Quintan, apuntaron que su lucha política pugna por el respeto a los derechos laborales consagrados en la Constitución.
En su momento Vital Galicia declaró que la situación de los empleados públicos de las instituciones que dependen del gasto social de la ciudad de México, resulta más lamentable, de poco más de 263 mil trabajadores registrados en el ISSSTE, donde sólo 69 mil tienen contrato de base, lo que representa que únicamente el 25 por ciento esta trabajando con una base de acuerdo con la legislación vigente.
Agregó que la demanda de las organizaciones democráticas se dirige a superar la ilegalidad de las relaciones laborales bajo el planteamiento de una regularización laboral, mediante la creación de plazas; la adecuación de los catálogos de puestos y tabuladores en la basificación de los empleados actuales.
Apuntó Antonio Vital que el gobierno de la ciudad y las instituciones públicas están particularmente obligados a hacer respetar esos preceptos, lo cual es posible cuando se cuenta con autoridad moral para exigir su cumplimiento.
Destacó que en la ciudad de México se encuentran asegurados al ISSSTE sólo 720 mil trabajadores de más de un millón de empleados públicos reconocidos y cerca del 40 por ciento (387 mil) tienen base mientras que el personal de confianza (241,095) y otros 50 por ciento de la planta laboral de las instituciones públicas y locales.
De acuerdo con el dirigente laboral en la actual definición presupuestal que debe aprobar la Asamblea Legislativa del DF y el gobierno capitalino se tiene la oportunidad de remontar la política laboral regresiva que han venido imponiendo en la capital con la subcontratación y dar empleo a través de empresas outsourcing.
Para, Pérez Ríos, secretario general del comité ejecutivo del SUTIEMS, la política laboral que se aplica en las preparatorias del gobierno del DF, desde su creación ha sido sin seguro social, sin estabilidad laboral, incluso lo que se han atrevido a demandar su reconocimiento laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje, les han llegado a condicionar la recontratación con el retiro o desistimiento de dicha demanda.
Debido a la negativa de la JLCyA-DF, expresó el sindicalista que se tuvo que dar trámite al emplazamiento a huelga pretextando la falta de la toma de nota que ha negado desde agosto del 2010, el SUTIEMS ha demandado un amparo para que el abogado Ramón Montaño Cuadra sea sustituido en los juicios de dicho sindicato, ya que éste funcionario como Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal (GDF) formó parte del Consejo de Gobierno del IEMS-DF y descalificó públicamente los reclamos del SUTIEMS.
José Antonio Vital Galicia, Iliana González Rodarte y Abel Quintan, destacaron que se debe eliminar el trabajo precario, la cancelación del subcontratismo como mecanismo para abaratar y precarizar el trabajo, o recurso para obtener jugosas concesiones económicas vía empresas que lucran con los servicios públicos.
Por ello señalaron finalmente que una demanda central de los trabajadores del DF es que, se suspenda la privatización de las obras y servicios públicos, cuestión que ha sido desatendida y con ello han generado un mayor peso en el subcontratismo, precarización del empleo y elevación de la corrupción oficial.
