RESPALDA PRD DENUNCIA ANTE PGR DEL PETISTA RODOLFO ONDARZA
02 de Octubre de 2013
Por considerar que la Policía Federal cometió un abuso de autoridad, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal manifestaron su apoyo al legislador del Partido del Trabajo, Rodolfo Ondarza Rovira, quien durante el desalojo de los integrantes de la CNTE del Zócalo fue aprehendido por elementos de la Policía Federal.
Acompañado por los perredistas Ariadna Montiel, Dinorah Pizano, María Angelina Hernández, Eduardo Santillán y Jorge Zepeda, el asambleísta Ondarza urgió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dé a conocer los resultados de la investigación que debió haber iniciado a raíz de su denuncia ante ese organismo.
El integrante de la Comisión de Derechos Humaos recordó que pese a identificarse como diputado local, esa tarde del 13 de septiembre elementos de las fuerzas federales del orden lo torturaron, así como a decenas de personas más, por lo que acudirá en las próximas horas a la Procuraduría General de la República.
“Es un hecho que contraviene los más fundamentales derechos humanos, pero más allá de eso cientos de ciudadanos han sido lacerados en sus garantías constitucionales individuales al tratar de hacer valer su derecho de tránsito, de manifestación. La ALDF no se ha visto exenta de la bestialidad, brutalidad e incapacidad de diálogo por parte del Gobierno Federal. Se vio lesionada cuando a un servidor y colaboradores fuimos golpeados, amarrados y subidos a unas patrullas bajo la amenaza de que se nos imputarían delitos”.
A nombre de los diputados locales el PRD, Eduardo Santillán argumentó el apoyo al considerar que se cometió un abuso de autoridad y arbitrariedad en la persona del legislador petista.
“Apoyaremos la denuncia que el diputado hará ante la PGR para que se haga el deslinde de estos hechos en los cuales intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Deben aclararse los hechos y llegar hasta las últimas consecuencias en materia de falta de protocolos, en protección a derechos humanos, Se trata de detenciones de carácter arbitrario e injustificado”.
Los asambleístas en conjunto expresaron su rechazo a cualquier acto de violencia durante una manifestación o protesta social. “No consideramos que actos de ese tipo se amparen por el derecho a la libertad de expresión, pero tampoco que la acción gubernamental se cobije en el deber de guardar el orden público”, concluyó.
