DEL 100 POR CIENTO DE LOS RECLUSOS POR DELITOS NO GRAVES, SÓLO EL 33.3 POR CIENTO LOGRA BENEFICIOS DE LA LEY
04 de Mayo de 2015
Del 100 por ciento de los sentenciados a prisión por delitos no graves, sólo el 33.3 por ciento logra la libertad anticipada acreditando buena conducta y su participación en actividades educativas, deportivas, laborales o de otra índole que se organicen en los Centros de Readaptación Social (CERESO) generando con ello una sobre-población ya que por cada 60 ingresos diarios, únicamente 20 quedan en libertad anticipada, señaló el diputado Gabriel Godínez Jiménez.
El diputado perredista afirmó que frente a este panorama fue necesario reformar la Fracción II del artículo 39 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, (LESPyRS-DF) y derogar la exigencia de que los reclusos necesariamente deban participar en actividades laborales que difícilmente pueden comprobar.
Argumentó que con la derogación del aspecto laboral se despresurizarán las aglomeraciones carcelarias generando un ambiente más propicio para el pleno respeto y promoción de los derechos humanos de los internos generando que un mayor número de ellos pueda salir anticipadamente de su reclusión.
Señaló que de acuerdo al Informe Especial sobre la Situación de los Centros de Reclusión en el Distrito Federal elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el principal obstáculo para ejercer el derecho al trabajo de las y los internos es la insuficiencia de plazas laborales para todas y todos.
Ejemplificó que en el 2005 la población laboral alcanzó un total de 14 mil 996 personas, cifra que apenas representó el 47.9 por ciento del total de la población recluida.
Explicó que dentro de las actividades recurrentes por las personas en reclusión es la elaboración de artesanías, la cual concentra el 41.3 por ciento de la población con alguna actividad en ese mismo año, la que no se considera como jornada laboral.
Sostuvo que el 52.1 por ciento de las y los internos, no ejercen actividad laboral, situándose en una clara violación a su derecho humano a la reinserción social, incluso, agregó, el Informe Especial de la CDHDF reconoce las inconsistencias y elementos de los que adolece la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal:
Godínez Jiménez subrayó que hubo elementos suficientes para eliminar de la redacción de la LESPyRS-DF el requisito de trabajo, para que el sentenciado acceda al beneficio de la remisión de la pena, pues la reinserción social pueden determinarse por otros elementos que el juzgador debe considerar, y que a su vez el sentenciado haya revelado y logrado una efectiva readaptación social.
Para tal efecto dijo que la redacción de la Fracción II, del artículo 39 de la Ley de Ejecución resultó de la siguiente manera:
“La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por el Juez de Ejecución y consistirá en que por cada dos días de trabajo, se hará remisión de uno de prisión, siempre que se reúnan los requisitos siguientes:
“Que participe regularmente en las actividades educativas, deportivas o de otra índole que se organicen en el Centro Penitenciario”, reveló.
Además, explicó, la mayor parte de los delitos cometidos tienen un origen social por falta de empleo como es el asalto a transeúntes que surge por la desesperación de no tener ingresos para atender las necesidades básicas de sustento y no por actos de delincuencia organizada.
También reconoció que la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado y los padres de familia que tienen la obligación de inculcar valores principalmente a los niños, adolescentes y jóvenes que son quienes más recurren a los asaltos callejeros.
Dijo que en este sentido el Estado debe dar ejemplo de honradez y de un alto ejercicio de los valores humanos, los cuales no han quedado muy claros por los escándalos en los que se han visto involucrados personajes de la administración pública del país, desde los Poderes Ejecutivos Federal, estatales y municipales, hasta los más simples en ventanillas gubernamentales.
