ACCESO AL AGUA, UN DERECHO HUMANO INALIENABLE QUE EL ESTADO DEBE GARANTIZAR
11 de Junio de 2014
El acceso al agua es un derecho humano inalienable que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, independientemente de la estructura administrativa que se emplee para el suministro.
Así lo manifestaron los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, conjuntamente con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, al señalar que la mayor prioridad de los gobiernos de izquierda es garantizar que el agua llegue a todos, de forma continua y equitativa a través de las redes hidráulicas, sin importar la ubicación geográfica.
Al manifestarse listos para cualquier discusión en la materia, los legisladores del PRD expresaron que el agua debe tratarse también como un bien social, cultural y no como un bien económico que se pueda usufructuar en beneficio de unos cuantos.
Mencionaron que el problema del abasto de agua no debe verse como una mera ocurrencia política, sino como un proyecto a largo plazo y transexenal, pues el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) requiere de fuertes inversiones para lograr su modernización y pueda cumplir satisfactoriamente sus tareas.
Ejemplificaron que el actual sistema de redes de aguas potables tiene un desgaste de más de 50 años que requiere de una rehabilitación urgente al cien por ciento, que en seis años sería imposible realizar.
En ese sentido, explicaron que se deben analizar todas las vertientes que lleven a una solución democrática e integral del abasto del agua, y no sólo se trate de salir del paso.
En materia de agua, insistieron, se debe legislar siempre considerándolo como un servicio público, sin dejar ninguna rendija a la posible privatización, ya que el vital líquido no es una mercancía.
De llevarse a cabo reformas, expusieron, deben quedar claras las reglas en torno al cobro, para que se realice de manera diferenciada y de acuerdo a las posibilidades reales de la gente, donde pague más quien más tiene o la desperdicie, protegiéndose el abasto de agua a los sectores de escasos recursos.
Parte de la solución, subrayaron, está en descentralizar la actual administración que está sujeta a largos trámites burocráticos que retardan y paralizan las reparaciones de fugas y socavones.
Dijeron que es entendible, aunque no justificable, que pocos gobiernos inviertan en infraestructura hidráulica o en la reparación de las redes de agua y drenaje, porque se trata de obras que son poco visibles y ostentosas, inclinándose por realizar obras de relumbrón que puedan significar más votos.
Sin embargo, aseguraron que en la medida que se logra una distribución suficiente y equitativa del vital líquido, esto se convierte en un factor de estabilidad y paz social, ya que se trata de un asunto que tiene que ver con la gobernabilidad.
Resaltaron que el acceso al agua, que proviene de la naturaleza, es un derecho humano y un bien común de todos los ciudadanos sin importar su procedencia social. Hicieron énfasis en que los más pobres son lo que más padecen la insuficiencia del recurso.
