ADELANTAN RIESGO POR INTERPRETACIÓN EN CASOS DE ABORTO
03 de Octubre de 2011
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desestimar la acción de inconstitucionalidad contra las leyes antiaborto en Baja California ponen en grave riesgo la unidad y orden constitucional al afirmar que una legislatura local pueda interpretar el contenido de los derechos y no atender lo que la propia Constitución y los Tratados Internacionales establecen, dijo la presidenta de la Comisión de Salud en la ALDF, Maricela Contreras Julián.
Señaló que ante la SCJN se han presentado dos acciones de inconstitucionalidad y 622 amparos en defensa de mujeres que han sido procesadas y encarceladas por haber abortado, debido a legislaciones antiaborto.
Apuntó que los Estados que tienen el mayor numero de mujeres procesadas y encarceladas como consecuencia de contar con leyes antiaborto son Guanajuato, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, pues tan sólo hay 67 mujeres amparadas en Colima, 167 en Guanajuato, 115 en Puebla, 76 en Quintana Roo y 72 en Sonora, 76 en Yucatán, 60 en Campeche y 29 en San Luís Potosí.
En la resolución de la SCJN “es importante aclarar que sólo fueron cuatro ministros los que con sus actitudes se prestaron a menospreciar el carácter de supremacía de la Constitución”, enfatizó.
Aseguró que esa minoría al dejar que cada legislatura local a discrecionalidad considere e interprete lo que se entiende por los derechos fundamentales, lo único que propiciará es un desorden en la promoción y respeto de los derechos humanos, pues dependerá de la moral, ideología, intereses políticos o acuerdos para que se legisle, sin que se respeten los lineamientos establecidos en la Constitución.
La también integrante de la Comisión de Equidad y Género en la ALDF dijo que al no existir una mayoría en la SCJN, se desestima la acción de inconstitucionalidad, lo que implicaría a no hacer un pronunciamiento del Tribunal sobre el tema, lo que retrasaría aún más una definición que debe darse sobre la constitucionalidad de las reformas que impiden a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Asimismo indicó que de seguir vigentes las reformas en Baja California que consideran a la vida desde el momento de la concepción, da lugar a preguntarse, por ejemplo, ¿si al impedir que un óvulo fecundado se implante o si durante un proceso de fertilización in vitro se desechan óvulos fecundados, se estaría incurriendo en asesinato?
Destacó que la mayoría de ministros de la Suprema Corte, 7 de 11, se pronunciaron a favor de los derechos de las mujeres y porque las reformas en los estados no pueden restringir los derechos que reconoce nuestra Constitución y los Tratados Internacionales.
Lo anterior implica que los estados están obligados a garantizar la prestación de servicios de interrupción del embarazo en los casos que la ley los prevé, por ejemplo, casos de violación, malformaciones genéticas, peligro de vida de las mujeres y en algunos casos, por condiciones sociales y económicas; además de la obligación de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, como la píldora de emergencia o las técnicas de reproducción asistida, enfatizó.
La legisladora del sol azteca reconoció la postura asumida por los Ministros Franco, Sánchez Cordero, Cossío Villegas, Silva Meza, Zaldívar Lelo, Valls Hernández y Aguilar Morales por adoptar la agenda progresista de reconocimiento de derechos humanos y no estigmatizar y criminalizar a las mujeres por la decisión que tienen a decidir sobre su propio cuerpo.
En la Ciudad de México informó que a la fecha se han practicado 66 mil 899 interrupciones legales de embarazos, de 105 mil 409 que se acercaron a solicitar información en 18 hospitales públicos.
Añadió que de esos procedimientos, tres mil 803 fueron menores de edad, 15 mil 158 provenientes del Estado de México y dos mil 159 de otras entidades federativas.
Entre las mujeres, que han decidido por la interrupción del embarazo se encontró que el grupo de edad entre los 18 y 29 años representa el mayor porcentaje con 69.7%; el 58.5% cuentan con preparatoria o educación superior; el 53.1% es soltera, el 26.3% vive en unión libre y el 17.4% es casada; el 50% acude cuando tiene entre siete, ocho y nueve semanas de gestación, en contraste con el 2.8% que lo solicita hasta las 12 semanas y sólo el 17.6% no aceptó un método anticonceptivo post-procedimiento, finalizó.
