ADVIERTE DOBLE DISCURSO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
16 de Enero de 2013
Al rechazar tajante que el Distrito Federal pudiera sumarse al Pacto por México, como lo propusieron diputados locales del PRI y del PVEM, el diputado Alejandro Ojeda acusó al Revolucionario Institucional de mantener un doble discurso en materia de derechos humanos.
El legislador del PRD declaró que mientras en el Pacto por México, dice Enrique Peña Nieto que buscará proteger los derechos humanos, por otro lado el PRI promueve iniciativas que pretenden acotar la aplicación efectiva de las garantías individuales.
Por tal motivo, el legislador promovió un punto de acuerdo ante el pleno de la ALDF para exhortar a la Fracción Parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, a que se desista de impulsar la iniciativa que propone reformar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.
Al hacer uso de la tribuna, el diputado Alejandro Ojeda explicó que la Asamblea Legislativa tiene interés en que este tema sea resuelto a favor de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Agregó que en el marco de derechos humanos los habitantes de la Ciudad de México se encuentran en una situación de indefensión frente a la actuación de los poderes federales, debido al tratamiento injusto y de discriminación a esta Asamblea.
Ello, agregó, porque se impide una adecuada defensa en contra de la actuación de los Poderes Federales, muestra de ello consiste en que la Asamblea como órgano legislativo no participa en el procedimiento de reforma constitucional, de tal manera que no podemos votarla.
“Preocupa sobremanera la iniciativa, ya que vemos un doble discurso por parte del Ejecutivo Federal y el PRI, por un lado nos dicen que se inicie el análisis de la Reforma del Estado para el Distrito Federal, y por otro vemos que están atentando contra los derechos mínimos de las personas”, subrayó.
El diputado local del PRD señaló que no llevamos ni cien días del Gobierno priísta y ya se está viendo como el régimen del PRI ha iniciado su estrategia de atentado contra los derechos humanos.
Recordó que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, se constituyeron en el principal paradigma del sistema jurídico de nuestro país. Abundó que en el ámbito internacional, nuestra nación fue reconocida y celebrada por el gran salto de protección hacia las personas.
En lo que respecta a la aplicación de tales reformas constitucionales, explicó el legislador, nuestro máximo tribunal se congratuló, ya que le permitió emitir criterios jurídicos innovadores que asientan la efectiva y real aplicación de los principios internacionales en materia de derechos humanos, es decir, ahora sí se están cumpliendo los tratados internacionales.
Precisó que sin esas reformas constitucionales no tendríamos la sentencia del Caso Rosendo Radilla y otros asuntos relevantes, que han sentado precedentes de efectos internacionales.
Explicó que uno de los principales cambios, consistió en la incorporación de los principios de derechos humanos al artículo 1 Constitucional, mismos que señalan los ejes rectores de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y, en caso de existencia de conflicto de normas, se señala que siempre será en beneficio de las personas conocido este principio como Pro homine.
Expuso que si en un Tratado Internacional existen principios de derechos humanos, que posiblemente sean contradictorios, la Constitución ordena que ambos documentos serán interpretados, utilizando el criterio que otorgue mayor beneficio a la persona.
En la iniciativa promovida por los priístas, dijo Alejandro Ojeda, se advierten argumentos incompletos y que tienden a engañar, ya que no exponen el panorama completo de la reforma de derechos humanos, se dice que la existencia de tales principios, produce incertidumbre jurídica en la aplicación de los ordenamientos jurídicos.
Argumentó que aquellos que elaboraron y respaldan la iniciativa olvidan el tercer párrafo del mismo artículo, que señala que no podrá existir reforma que sea regresiva en la protección alcanzada.
