AJUSTAR DISPOSICIONES PARA COMBATIR NARCOMENUDEO
13 de Abril de 2011
Con el fin de cumplir con un mandato federal para todos los estados, la Asamblea Legislativa aprobó reformar diversas disposiciones para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito de narcomenudeo.
En comisiones unidas de Salud y Asistencia Social, de Administración y Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, los diputados aprobaron reformas a las leyes Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, de Orgánica del Tribunal Superior de Justicia y de Salud, todas del Distrito Federal.
Se adicionó un párrafo cuarto al artículo 51 de la Ley de Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que plantea que los juzgados penales y de justicia para adolescentes conocerán de los delitos en materia de narcomenudeo previstos en el Capítulo VII de la Ley General de Salud, siempre y cuando haya presupuesto federal.
En este mismo párrafo se plantea que en los procedimientos penales que se substancien con motivo de los mismos, se observarán las disposiciones previstas en el artículo 480 de dicho ordenamiento.
En el artículo 83 de la Ley de Salud para el Distrito Federal se reforman las fracciones II, VII y VIII donde se plantea que el gobierno, en el ámbito de sus competencias, realizará diversas acciones para la ejecución de sus obligaciones en materia de adicciones, especialmente tabaquismo, alcoholismo y fármacodependencia.
En la fracción II se plantea impulsar medidas intensivas en materia de educación e información de carácter preventivo de las adicciones y de los daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, dirigidas particularmente a niños, jóvenes y mujeres.
En tanto, la fracción VII plantea una coordinación con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de Salud, para el desarrollo de acciones contra las adicciones y de ejecución del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la Fármacodependencia, de conformidad con los convenios respectivos y en los términos establecidos en la Ley General de Salud.
Mientras en la fracción VIII se plantea promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, en materia de adicciones, así como para la atención médica de las personas afectadas por éstas y para la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones del proceso de superación de la farmacodependencia.
Estas modificaciones contienen tres artículos transitórios. El primero señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, salvo el contenido en el Artículo Primero, el cual entrará en vigor a los 60 días hábiles contados a partir de que el H. Congreso de la Unión realice las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
En el segundo se indica que a partir de la entrada en vigor de este artículo, el Jefe de Gobierno contará con 60 días hábiles para expedir las disposiciones reglamentarias necesarias para su instrumentación. En el tercero aclara que las acciones contenidas en dicho decreto se realizarán conforme a la suficiencia presupuestal que, para tal efecto, se asignen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, sin menoscabo de los que determine la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Se indica en el documento que el combate al narcomenudeo es un buen pretexto para criminalizar el consumo y, por ende, a los adictos, quienes no deben ser sujetos de persecución policíaca sino de tratamiento médico, psicológico y social.
En el cuerpo del dictamen se señala que en el narcomenudeo hay dos actores principales: los vendedores y los consumidores. Los primeros, según nuestras leyes, son considerados delincuentes por participar de los llamados delitos contra la salud. Los segundos, por su parte, no sólo son considerados delincuentes sino, las más de las veces, también enfermos.
Un factor adicional que incrementa el consumo de narcóticos es su precio accesible y el constante asedio de los distribuidores hacia los jóvenes que acuden a los centros escolares, principalmente secundarias y preparatorias. No debemos dejar de mencionar la corrupción de algunos funcionarios públicos que cooperan con las redes delincuenciales.
Esas circunstancias hacen reflexionar sobre la necesidad de una política integral que no sólo se dedique a combatir el delito, castigar a los delincuentes y tratar a los farmacodependientes. En conclusión, se necesita atender problemas estructurales en la sociedad que erradique las causas del consumo de drogas, con líneas de prevención sobre los efectos nocivos del narcotráfico.
