ALDF, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DELEGADOS TRABAJAN PROTOCOLO QUE REGULE USO DE REDES POR PARTE DE AUTORIDADES
07 de Marzo de 2016
Boletín # 293
Las opiniones de jefes y jefas delegacionales, de la sociedad civil organizada, así como aportaciones de académicos y especialistas serán la base del protocolo que analizará y discutirá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a efecto de establecer una norma que regule el uso de las redes sociales por parte de las autoridades, procurando siempre el respeto a los derechos humanos y un uso responsable de esas herramientas.
Lo que se busca es generar un protocolo de actuación de la autoridad sobre el uso de las redes sociales, que trace una línea muy clara entre la actuación del ente público, de la autoridad, y los derechos humanos, la privacidad, la dignidad humana, que prevenga al gobernante y los servidores públicos para que no caigan en ilegalidad que afecte directamente a alguna persona.
Tras mencionar lo anterior, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, diputado Leonel Luna Estrada, informó que en los próximos días se llevarán a cabo reuniones y mesas de trabajo para escuchar diferentes puntos de vista, y recabar información que permita tener una visión amplia sobre los alcances y limitaciones de las redes sociales, que usadas adecuadamente, permitirían una interrelación directa entre ciudadanos y gobiernos.
Reunidos en torno de este tema, los titulares de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza e Iztacalco, y los representantes de Coyoacán, Cuajimalpa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, y de Benito Juárez, así como los titulares de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INFO-DF), el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, y los diputados Leonel Luna Estrada y Víctor Hugo Romo Guerra, acordaron trabajar en conjunto para sacar un protocolo consensuado.
El diputado Leonel Luna indicó que ya hay un borrador de protocolo que elaboró el INFO-DF, que servirá de base para la discusión y, tras ser enriquecido, lo recibirán los diputados para analizarlo y discutirlo en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura, en espera de que se convierta en norma.
Aunado a ello, de acuerdo con sus facultades, concentrará las propuestas que por escrito hagan las y los jefes delegacionales, las recomendaciones de la CDHDF y del COPRED, las aportaciones de académicos y especialistas, y de las organizaciones de la sociedad civil.
Víctor Hugo Romo Guerra, diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la ALDF, enumeró los temas de conclusión de la reunión: uno, hacer del protocolo una herramienta de gobernabilidad, que cuide, sí, derechos y ayude a la eficiente acción gubernamental; dos, generar iniciativas para el máximo uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer la acción de gobierno.
Los puntos tres y cuatro son revisiones y reformas a la Ley de la Cultura Cívica para mejorar los juzgados cívicos y su acción, y se generen herramientas expeditas para que el ciudadano denuncie abusos; cinco, realizar una reunión para revisar y fortalecer atribuciones y facultades rumbo a una reforma administrativa respecto de las delegaciones políticas, futuras alcaldías; y seis, llevar a cabo mesas de trabajo con integrantes de la sociedad civil, académicos y especialistas.
Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, destacó la necesidad de que se equilibren tanto los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente a través de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, como las obligaciones de la autoridad a respetar y hacerlos cumplir, pero, a la vez, hay que flexibilizar las atribuciones que estas tienen para también valerse de ellas y dar a conocer las acciones y obras de gobierno.
A su vez, Mucio Israel Hernández Guerrero, titular del INFO-DF, habló de que sí hay que adecuar el uso de las herramientas de comunicación y las redes por parte de la autoridad con el propósito de que no se incurra en la violación de algún derecho social, pero, precisó, hay que conocer las necesidades que tiene para que de manera adecuada y responsable se valga de ellas. Las autorregulaciones no funcionan, dijo.
En opinión de la presidenta del COPRED, Jacqueline L´Hoist Tapia, el protocolo que se propone tiene que garantizar la inclusión, trato igualitario y mecanismos para inhibir la discriminación, dada la necesidad que hay de convivencia armoniosa de la sociedad, a fin de dejar atrás los mensajes de odio y transitar a una cultura de la paz.
Al ser cuestionados si actuarán o normarán cuando ciudadanos graben a otros ciudadanos cometiendo anomalías, Luna Estrada, subrayó que no es tema del protocolo, mientras que la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez dijo que es una convencida de que todos tenemos que grabar a todos; “tendría que dejar a la ética el cómo te conduces, soy una convencida de la transparencia absoluta de los actos”.
“Comprendo los posicionamientos en el tema de discriminación y derechos humanos”, y ejemplificó que al pertenecer a una comunidad indígena, nos autorregulamos con el trabajo comunitario, “es otro vehículo que podríamos estudiar, sI alguien tira basura, su sanción puede ser barrer la calle un mes, y lo hacen en otros países como Estados Unidos”, refirió.
En su oportunidad el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, mencionó que el uso de las tecnologías y de redes por parte de los funcionarios públicos para la difusión de actividades “es una realidad y lo que ellos consideran que legitima sus actos de gobierno”.
Por ello, dijo, el protocolo buscará directrices de actuación sobre las leyes actuales; fortalecerá atribuciones y herramientas de organismos autónomos para la defensa de los derechos humanos, así como mecanismos de defensa ante la violación de derechos humanos de los ciudadanos.
Finalmente los jefes delegacionales coincidieron en la necesidad de dotar a la autoridad de herramientas que hagan posible la gobernanza y mejor comunicación con los ciudadanos, que se establezcan los derechos y obligaciones cívicas y las atribuciones de la autoridad para hacerlos cumplir.
