ALDF pide no aprobar Ley de Seguridad Interior
26 de Marzo de 2017
- La Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF, Beatriz Olivares precisó que llama la atención que alguna de las iniciativas con las que se pretende dar pie a la Ley de Seguridad Interior otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, la posibilidad de realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.
Ante el incremento de quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por presuntas violaciones de parte de las fuerzas armadas, de acuerdo con datos oficiales, de la misma CNDH, la diputada Beatriz Olivares Pinal, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la ALDF, exhortó al H. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y la de Diputados para que no aprueben el proyecto de la Ley de Seguridad Interior por considerar que en su texto y en su posible aplicación, se encuentran elementos violatorios a los Derechos Humanos, y que se someta a consideración de expertos de la ciudadanía.
Precisó que estas quejas formales en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos, pasaron de 182 quejas recibidas en 2006 en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 367 quejas en 2007, y a 1,230 en 2008, por el contrario, no existen datos precisos sobre la efectividad y la pertinencia de los operativos permanentes derivados de fallida estrategia gubernamental
En un Punto de Acuerdo, aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa, precisó que llama la atención que alguna de las iniciativas con las que se pretende dar pie a la Ley de Seguridad Interior otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.
Citó de manera textual la parte conducente de la iniciativa en comento:
“…Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior.
Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información…”
Precisó que la ambigüedad y amplitud de este término es un ejemplo claro de la peligrosidad de una normatividad de esta naturaleza, pues de aprobarse un texto como el citado, se facultaría a las Fuerzas Armadas y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para tener la posibilidad de intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción y sin que se establezca ningún control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.
La legisladora precisó que según estándares internacionales, la tasa de defunciones por homicidios refleja de manera mucho más clara los niveles de violencia en un país, “para ser concretos, en nuestro país del año 2000 al 2007, se vivió un periodo de baja violencia, curiosamente este es el periodo inmediato anterior de la implementación de la multicitada y fallida estrategia de operativos permanentes. En el periodo mencionado se registraban en promedio cerca de 10 mil homicidios anuales. Fue después de iniciados los operativos permanentes que se destapó una ola de violencia a nivel nacional, llegando a más de 27 mil homicidios en 2011; entre 2007 y 2011 se triplicó su nivel pasando de 9 mil a 27 mil, y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes”.
Añadió que diversos organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han recomendado a nuestro país la pertinencia de retirar a las Fuerzas Armadas de las actividades de seguridad pública, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, recomendó:
Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
Adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos.
Garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos en general, independientemente de que el perpetrador sea personal militar.
Beatriz Olivares resaltó que para alejarse del paradigma militar es importante centrarse en el fomento de la capacidad de las autoridades civiles —como los jueces, los fiscales, la policía judicial y demás funcionarios del poder judicial— para prevenir, investigar y enjuiciar los delitos.
Detalló que de acuerdo con la información recibida, desde finales de 2006, el presupuesto del ejército y de la Marina se ha incrementado considerablemente, por lo que sería conveniente que México previera las asignaciones presupuestarias necesarias para fortalecer la capacidad de las autoridades civiles responsables de mantener el orden y administrar la justicia.
Finalmente consideró que la evidencia empírica es contundente, “los datos son reveladores y dicen por ahí que “no hay peor ciego que el que no quiere ver” y es nuestra responsabilidad señalar las ineficiencias en la aplicación de ciertas políticas públicas y hacer cosas distintas porque está claramente demostrado que las actuales no han dado resultado. Necesitamos combatir a la violencia con políticas públicas que combatan sus orígenes, no solo aquellas que reaccionan o coaccionan, hay que proteger a nuestra ciudadanía pero también a nuestras instituciones de un claro desprestigio por la necedad de unos cuantos. Las Fuerzas Armadas de nuestro país se encuentran facultadas y entrenadas para salvaguardar la soberanía nacional, actividad sin duda alguna loable, pero la seguridad interior y pública debe, en todo momento, correr a cargo de fuerzas civiles, entrenadas, capacitadas y con una actuación bajo protocolos claros y que protejan los Derechos Humanos de todas y de todos”.
Finalmente, al Punto de Acuerdo que se aprobó por el Pleno de la ALDF, se le agregó a petición de los diputados Paulo César Martínez López y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera del Partido Morena, que se le agregara el siguiente párrafo:
“Es fundamental que se considere la opinión de expertos en la materia y sobre todo que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocerla y externar su opinión al respecto. Sin lo anterior, se hablaría de la imposición de una ley que modificaría la realidad del país llevándolo hacia la militarización y no hacia su pacificación, puesto que no se ha dado a conocer el contenido de ésta”
