ALDF REVISA REFORMA INTEGRAL PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
10 de Junio de 2010
Boletín # 614
• Readaptación, sanciones alternativas, trabajo comunitario, reducción de penas, presunción de inocencia, prisión preventiva y otros, son conceptos abordados en el “Foro Reforma Penal para el Distrito Federal
Durante la inauguración del “Foro de Reforma Penal para el Distrito Federal”, organizado por la Asamblea Legislativa, diputados, funcionarios y defensores de los derechos humanos, coincidieron en construir una reforma integral del sistema penitenciario de la Ciudad de México, que permita la readaptación social, instauración de penas restaurativas, resarcimiento del daño, trabajo comunitario, y otras alternativas para los presos con el fin de disminuir los índices delictivos en la capital.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, David Razú Aznar, señaló que se necesita cambiar el esquema de justicia, de tal forma que los ciudadanos que cometan una falta menor, no ingresen a un ambiente en donde lejos de readaptarse, se convierta en un elemento pernicioso para la sociedad.
Señaló que la reforma penal planteada se basa en 6 ejes fundamentales: presunción de inocencia, relación de la prisión preventiva, pena privativa de la libertad, instauración de penas restaurativas para resarcir el daño, sanciones alternativas como trabajo comunitario, las penas administrativas y la disminución de la duración de las penas.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la ALDF, diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, señaló que el dejar de aplicar correctamente las leyes, da como resultado un incremento de los altos índices de corrupción en los reclusorios, en los que se rentan las crujías y los cartones para dormir en los pasillos, por ello planteó depurar los reclusorios donde hay gente presa por llevarse un pan.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, dijo que en una democracia moderna se tiene que afrontar el reto de elaborar una política criminal integral, donde el delito encuentre límites claros para desarrollarse. Expresó que la iniciativa debe generar condiciones de garantía que permitan asegurar los derechos procesales de las personas víctimas e implicadas.
Es necesario, dijo, restaurar el sistema penitenciario actual, de tal forma que se cambie la mentalidad de los ministerios públicos, los operadores jurídicos, jueces y funcionarios, pero sobre todo aceptar el reto de modificar radicalmente la forma de hacer las cosas.
Por su parte, Jaqueline Loas, del Fundar Centro de Análisis e Investigación, señaló que las organizaciones de la sociedad civil confían en que la Asamblea Legislativa está lista para cambiar el actual sistema de justicia, porque hoy genera gran desconfianza entre la ciudadanía, como lo muestra la cifra negra de delitos que no se denuncian.
Agregó que la sociedad civil ha sostenido que el Estado tiene la obligación de hacer efectivos los derechos y generar las condiciones necesarias para alcanzarlos, y una de las condiciones es contar con un sistema de justicia eficiente.
Durante su intervención, la subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJDF, Patricia Samantha García Espinoza de los Monteros, sostuvo que para pasar de un sistema de justicia persecutor a uno garante de los derechos fundamentales, debe existir una reinserción social exitosa de las personas.
El subsecretario de Gobierno del GDF, Juan José García, apuntó que la Ciudad de México debe tener una política pública criminal congruente con resultados que espera la ciudadanía para disminuir el índice delictivo, particularmente el de alto impacto donde se da la cifra más alta, situación que se ha logrado contender con algunas reformas, pero han generado otro problema, el incrementado de la población penitenciaria, de 20 mil internos a más de 40 mil, donde la readaptación se vuelve cada vez más difícil.
Por lo anterior, señaló que sería insuficiente una nueva reforma si ésta no se acompaña de una política social dirigida a la atención de las 250 colonias, de las que provienen la mitad de los internos de la ciudad.
Por su parte, el director de la Clínica de Interés Público del CIDE, Juan Ángulo, dijo que una de las razones fundamentales del Estado es que los ciudadanos vivan sin miedo, sin embargo ahora además de temerle a la delincuencia, también hay miedo al Estado.
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