ALDF solicita al Gobierno de la CDMX informe sobre presupuesto destinado al Instituto de Reinserción Social
12 de Julio de 2017
- “Nos preocupa que la directora del Instituto, Paola Zavala, afirme que no existe ningún presupuesto para ejercer sus funciones”, señala la diputada Rebeca Peralta León
- Reporta que para el ejercicio fiscal 2017 a la Secretaría de Gobierno se le asignó un presupuesto de 4,233,903,935 (cuatro mil doscientos treinta y tres millones novecientos tres mil novecientos treinta y cinco pesos), es decir, un incremento de 379,223,776 (trescientos setenta y nueve millones doscientos veintitrés mil setecientos setenta y seis pesos)
La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a los secretarios de Gobierno y de Finanzas, Patricia Mercado Castro y Edgar Abraham Amador Zamora, respectivamente, un informe detallado sobre el presupuesto asignado al Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, toda vez que la dependencia encargada de los asuntos internos de la capital del país recibió un incremento de 379 millones 223 mil 776 pesos para el ejercicio fiscal de 2017.
“Nos preocupa que la directora del Instituto de Reinserción Social, Paola Zavala Saeb, afirme que no existe ningún presupuesto para ejercer sus funciones, más aún cuando hasta la fecha la institución a su cargo no ha dado los resultados que por ley está obligada a dar”, señaló la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, Rebeca Peralta León al presentar un punto de acuerdo durante la sesión de la Diputación Permanente.
La legisladora del PRD precisó que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2016 a la Secretaría de Gobierno se le asignó un presupuesto de $ 3,854,680,159 (tres mil ochocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil ciento cincuenta y nueve pesos).
Para el Ejercicio Fiscal 2017 a la Secretaría de Gobierno se le asignó un presupuesto de $ 4,233,903,935 (cuatro mil doscientos treinta y tres millones novecientos tres mil novecientos treinta y cinco pesos), es decir, para el presente año la dependencia a cargo de Patricia Mercado tuvo un incremento presupuestal de $ 379,223,776 (trescientos setenta y nueve millones doscientos veintitrés mil setecientos setenta y seis pesos).
Consideró que el Instituto de Reinserción Social juega un papel de suma importancia a la luz de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la discrepancia entre dos tribunales colegiados quienes debatían si los beneficios del nuevo Sistema de Justicia Penal podían aplicarse o no a aquellas personas acusadas bajo el sistema anterior.
“La resolución emitida por los ministros fue que el nuevo sistema es aplicable, por lo tanto, aquellos que fueron juzgados y sentenciados por el modelo anterior ahora podrán alcanzar la libertad bajo fianza, siempre y cuando enfrenten delitos que no ameriten la prisión preventiva oficiosa”, agregó.
Dijo que el escenario anterior permitirá que aproximadamente cuatro mil personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de quedar en libertad. En consecuencia, el Instituto de Reinserción Social deberá fortalecerse como institución para atender el incremento de las personas liberadas que necesitarán orientación y asistencia al salir de prisión a fin de insertarse nuevamente a la sociedad, subrayó.
Señaló que de acuerdo con declaraciones de Paola Zavala, “actualmente no se cuenta con un presupuesto para la atención de todas aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad, situación que le ha impedido no solamente la implementación y difusión de programas, sino también los estudios e investigaciones en beneficio de las personas liberadas”.
La diputada Peralta León comentó que al Instituto de Reinserción Social le corresponde, entre otras cosas: brindar asistencia social y material a los liberados para continuar su proceso de reinserción social, apoyarlos en su proceso de reinserción a la sociedad mediante asistencia laboral, social, educativa, psicológica, económica, médica y jurídica, difundir programas permanentes de capacitación, dar seguimiento a aquellos liberados que cuenten con actividad laboral y/o educativa, así como realizar estudios e investigaciones criminológicas, tendentes a mejorar los programas de apoyo y asistenciales.
“El Instituto de Reinserción social no solamente tiene la responsabilidad de evitar que aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad reincidan en actos delictuosos, sino también, tiene la responsabilidad de reconstruir el tejido social. Es por ello, que socialmente su buen funcionamiento es vital, y parte de su eficiencia y eficacia como institución radica en que le sean asignados los recursos necesarios”, finalizó.
