ALDF SOLICITA A PGJDF REVISAR LA FIGURA DEL ARRAIGO
09 de Octubre de 2012
Ante el Pleno, los diputados de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal insistieron en sus cuestionamientos al procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, sobre la figura del arraigo, los delitos ambientales y resultados de la extinción de dominio, en el marco de la glosa del 6º Informe del Gobierno del Distrito Federal.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, el diputado del Partido Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, cuestionó por qué se ha retrasado la actualización del robo de vehículos en el Registro Público Vehicular (Rejuve); cuál es su opinión respecto al arraigo, toda vez que el legislador considera que es una barbarie jurídica; también se refirió a cuál es la razón por la que no se suben todas las averiguaciones previas al Sistema de Seguridad Pública Nacional.
El funcionario respondió que el arraigo está contemplado en la Carta Magna y en el Código de Procedimientos Penales del DF, y es una figura sujeta a un control jurisdiccional de legalidad y apegada a derecho. Respecto al Rejuve, aseguró que es un asunto que concierne a la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) y añadió que en la ciudad se roban alrededor de 50 vehículos al día, lo que representa un 60 por ciento de disminución y permanentemente se lleva a cabo operativos para reducirlo.
En su turno, el pvemista Jesús Sesma Suárez, solicitó conocer los resultados en el combate a delitos ambientales como tirar cascajo y qué resultados se han obtenido en la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio. El funcionario contestó que la PGJDF coordina el grupo de trabajo, especializado en delitos ambientales de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y se han realizado mil 634 averiguaciones previas, de ellas se han consignado 181; y se ha logrado obtener órdenes de aprehensión por tirar cascajo. Sobre la extinción de dominio dijo que tienen un total de 133 demandas, se han ganado 20 asuntos, se han perdido 12 y los demás están en trámite; añadió que la mayoría son de robo de vehículo.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Oscar Octavio Moguel Ballado, se refirió a los 9 vehículos utilizados por supuestos empleados de Televisa detenidos en Nicaragua, por ello, cuestionó al funcionario sobre hasta dónde se ha solicitado la colaboración de la PGJDF para integrar la investigación
En respuesta el procurador comentó que le corresponde a la PGJDF investigar, primero si hay delitos cometidos por servidores públicos del Distrito Federal y si hay delitos del orden común, como falsificación de documentos. Indicó que hasta el momento se han declarado a 30 personas en dicha averiguación previa, servidores públicos integrantes de dicha empresa y testigos circunstanciales y de hechos respecto; también se han encontrado 10 camionetas más relacionadas, estos registros se dieron en los Módulos de las delegaciones, y hasta el momento no se ha encontrado registro en SETRAVI.
En su oportunidad, el diputado Tonatiuh González Case, preguntó sobre cuáles son las acciones implementadas para disminuir el feminicidio; también sobre la utilización de cámaras de circuito cerrado como medios para prevenir o inhibir el delito y cuáles son los motivos por los que han dejado de atender las recomendación de la CDHDF. También pidió conocer cuántos inmuebles han sido incautados y la posibilidad de indemnizar a un presunto culpable.
El procurador aseguró que en el DF se han resuelto un 70 por ciento los feminicidios, los homicidios dolosos en contra de mujeres se han reducido en un 33 por ciento, además, se han realizado medidas precautorias de protección a las mujeres y es la única entidad federativa que tiene un tipo penal establecido con los estándares internacionales.
Comentó que existen 13 mil cámaras de seguridad en toda la ciudad, y con éstas se pretende abatir la impunidad y lograr que personas que cometen delitos sean llevadas a los tribunales. Dijo que esta es una cuestión de libertad el que particulares quieran utilizarlas para prevenir el delito, pero servirá para estrechar los lazos entre sociedad-autoridad. Aseguró que sólo han tenido hasta el momento 11 recomendaciones por parte de la CDHDF, de las cuales nueve han sido aceptadas y de éstas sólo cinco son dirigidas a la Procuraduría.
La diputada petista, Miriam Saldaña Cháirez, pidió conocer qué políticas públicas se han implementado para mejorar la protección a las mujeres. A lo que el funcionario contestó que ya se cuenta con diversos instrumentos como la tipificación del delito del feminicidio, y otros elementos normativos, diversos acuerdos como la implementación de abogados y abogadas victimales; también se tiene el apoyo vía telefónica, el rescate a posibles víctimas de trata de personas. Y otros elementos de defensa que no existen en otra parte del país.
El diputado panista Santiago Taboada Cortina, cuestionó al funcionario sobre el reportaje e investigación que emitió Reforma sobre la Central de Abasto en donde se le hicieron señalamientos al administrador de este centro, referentes a narcomenudeo, prostitución, entre otras actividades. El funcionario respondió que la nota periodística no tiene sustento ni fundamento, no establece de qué denuncias habla, no dice qué personas lo refieren, simplemente hace alusión a que hicieron una investigación que los llevó a esa conclusión, y aseguró que él sí tiene los datos de lo que sucede en el lugar.
En tanto el diputado perredista Alejandro Robles Gómez solicitó información referente a las medidas implementadas para evitar que los jóvenes sean objeto de prejuicio de las autoridades ministeriales en materia de narcomenudeo; además de cuántas y qué recomendaciones han recibido de la CDHDF; cuántas son cumplidas en su totalidad, más allá de la simple aceptación parcial. Respecto del sistema de videovigilancia, preguntó qué tan útil resulta en la integración de averiguaciones previas.
Rodríguez Almeida señaló que en el periodo que informa recibieron 11 recomendaciones, cinco a la PGJDF y seis no fueron dirigidas de manera directa, de las cuales han aceptado nueve, una no se aceptó y una se aceptó parcialmente; asimismo, detalló que en ocasiones, tras un análisis y la revisión de la autoridad no existen fundamentos o motivaciones reales para poder establecer que sí hubo una violación a los derechos humanos y por tanto la recomendación es susceptible de no aceptarse o de aceptarse parcialmente, lo cual no quiere decir que la autoridad esté fuera de la legalidad.
En su mensaje final el funcionario aseguró que se ha logrado una administración eficiente de la PGJDF, con el propósito de garantizar la seguridad de los capitalinos; también se han fortalecido los esquemas de prevención de los delitos, respetando los derechos humanos. Expresó que en la ciudad de los derechos y de las libertades, de la equidad y los acuerdos se ha edificado, juntos, una ciudad segura. La suma de voces y de acciones de las y los capitalinos, de las y los legisladores y funcionarios públicos ha permitido estos resultados.
Finalmente explicó que se ha cumplido con los seis ejes rectores plasmados en el Plan Institucional de la Procuraduría 2008-2012; se continúa con la modernización institucional, se tiene una nueva Policía Investigadora, se cuenta con los más altos estándares de calidad en la selección, capacitación, profesionalización y control de confianza de los recursos humanos de la dependencia.
