ALERTA SOBRE VENTA DE BEBIDAS ADULTERADAS
24 de Noviembre de 2011
En el Distrito Federal existen dos mil 200 antros que venden licor adulterado, y operan mafias dedicadas al reciclaje de botellas vacías, falsificación de hologramas y sellos con autenticidad, denuncio el diputado Leobardo Urbina Mosqueda.
El legislador priista agregó que las redes ilegales que comercian con alcohol de baja calidad y sin claridad de su origen, es decir pirata, se han convertido en un grave riesgo, no solo para los adultos que las consumen, también para los jóvenes, quienes compran o ingieren estos productos y lo hacen considerando que su calidad cumple con las normas de salud mínimas establecidas por las autoridades.
Al presentar varias reformas al Código Penal del Distrito Federal, Urbina Mosqueda subrayó que frente a las denuncias por la venta de alcohol adulterado, la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ha realizado esfuerzos “tibios”, que en el fondo no han tenido un impacto a favor de los consumidores de bebidas alcohólicas.
En este contexto, el legislador destacó que “vender licor adulterado es intento de homicidio, porque quienes comercian el producto, lo están vendiendo conscientes de que es licor adulterado, a sabiendas de que es un veneno que puede causar la muerte”.
Subrayó que los daños que genera a la salud de las personas el consumo de bebidas que contienen alcohol adulterado, se deben asociar con información de otras fuentes, como la industria de vinos y licores, que asegura que la mitad del alcohol que se consume en nuestro país es adulterado.
“Es alarmante como ha crecido la industria clandestina que se dedica a adulterar y rellenar botellas con productos dañinos para la salud, lo que ha disparado los accidentes donde los principales involucrados son jóvenes que consumieron alcohol adulterado y que representa un grave problema de salud pública”, reiteró.
El diputado priista hizo énfasis en que su propuesta tiene el objetivo principal de aplicar, como criterio para ejecutar la Ley de Extinción de Dominio, a los inmuebles y bienes muebles relacionados con la adulteración de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas o cualquier otra sustancia producto de uso o consumo humano con peligro para la salud.
“Las penas por producir y comercializar licores, no han sido un obstáculo para la proliferación de productos apócrifos y para envenenar de forma sistemática a la juventud y a la población en general que consume alcohol, por ello hacernos énfasis en que la iniciativa presentada permitirá enfrentar agudos problemas de seguridad pública, de salud pública, de hacienda pública y de orden económico, entre otros”, finalizó.