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ANALIZAN EN ALDF VIABILIDAD DE ELEVAR A RANGO DE LEY PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS



04 de Mayo de 2010

Boletín # 547

Diputados locales, autoridades del gobierno y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, organizaciones civiles, académicos y el ombudsman capitalino analizan la viabilidad de elevar a rango de ley las 400 líneas de acción del actual Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como lo plantea una iniciativa que está en análisis en la Asamblea Legislativa (ALDF).

Para ello se instalaron mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF. Su presidente, el diputado David Razú Aznar explicó que el diálogo entre todas las instancias del Estado permitirá priorizar la tarea legislativa en esta materia, y que no termine en un ejercicio sordo, sino que se traduzcan en una ley las 400 líneas de acción.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló que el diagnóstico o el programa elaborado por esas institución ha tenido resonancia internacional por reflejarse en presupuestos y en políticas públicas sujetas a la evaluación y seguimiento.

Aceptó que la iniciativa de ley tiene elementos de una Constitución local porque en la actualidad el DF no cuenta con una propia. Se avanzó de esa forma en el diagnóstico y en la propuesta de ley para “salvar ese escollo”, aseguró.

Es decir, no se parte de la Constitución para después bajar a las leyes y la política pública, en esta caso se logró instaurar a través de la política pública una perspectiva de derechos humanos, que lo ideal será reflejarlo en la Constitución local y en la Constitución General de la República.

A las observaciones enviadas en su momento por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, en el sentido de que la iniciativa que analiza la Asamblea para convertir en ley el Programa de Derechos Humanos tiene elementos esenciales de una Constitución, Luis González Placencia afirmó que no se trata de hacer del tema una jurisdicción especial, sino de convertirlo en el eje de toda la política pública en materia de mujeres, niños y niñas, ambiental, entre otras.

Por eso, dijo, no habría conflicto de jurisdicciones; al contrario, la CDHDF mantendría sus facultades de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos y el Tribunal Superior de Justicia tendrá entonces responsabilidades más amplias de llevar el tema a ámbitos en donde la Comisión no entra. Por ejemplo, en los conflictos entre particulares, en lo electoral o laboral, que hoy son ámbitos en los que el Ombudsman no interviene.

El subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, dijo que se analizará la viabilidad de elevar a rango de ley el programa, aunque reconoció que están pendientes temas como el derecho a la alimentación y a la cultura, en los cuales habrá de trabajar y en esta ley si lo permite.

En las mesas de trabajo participarán autoridades del Gobierno del DF, la ALDF, el Tribunal Superior de Justicia del DF, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y la CDHDF.

Los días 17 y 18 de mayo tendrá lugar la mesa vinculada con el acceso a la justicia y al debido proceso; el 24 y 25 de mayo, los derechos de las jóvenes y de los jóvenes; el 31 de mayo y 1 de junio, se analizarán los derechos de las mujeres.

El lunes 7 y martes 8 de junio se abordará el derecho a la transparencia y acceso a la información; el 14 y 15 del mismo mes, los derechos de las personas en centros de reclusión; el 21 y 22, los derechos de la infancia; el 28 y 29, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

El 5 y 6 de julio se analizarán los derechos de las víctimas de trata y de explotación sexual comercial; el 12 y el 13 el derecho a la libertad de expresión. El lunes 19 y martes 20, el derecho a la integridad y seguridad de las personas.

En el evento inaugural estuvieron presentes Miguel Ángel Lugo, de la Universidad Panamericana; Abraham Rojas Martínez, de ELIGE; Jacqueline L´Hoist, de FUNDAR; Alberto Serdán, de Propuesta Cívica; Andrés Aguilera, coordinador de asesores del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, quien habó en nombre del magistrado Elías Azar; y el diputado Guillermo Orozco Loreto, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.


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