ANALIZAN EN FORO SITUACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LAS DROGAS
04 de Septiembre de 2013
Boletín # 509
• Proponen especialistas revisar situación de las mujeres involucradas en el tráfico internacional; acabar con la impunidad en la aplicación de la ley y elaborar estadísticas realistas del tema
En la mesa de discusión del marco legal, expertos analizaron el principio de proporcionalidad en la aplicación de penas, la situación de las mujeres en el tráfico de drogas internacional, acabar con la impunidad mediante el respeto de la ley y la necesidad de poner en las estadísticas cifras más realistas sobre el tema, durante el Foro sobre Políticas Públicas en materia de Drogas para la Ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La consultora de la University of East Anglia y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Corina Giacomell, señaló en el Foro la situación de las mujeres como sujetos secundarios, porque son utilizadas por las organizaciones criminales en el microtráfico internacional de drogas y también victimizadas por las políticas del Estado. Este grupo debe ser tomado en cuenta en las reformas, y la idea es introducir una vinculación entre política de drogas y sistema penitenciario para que en el Distrito Federal haya mejorías en el sistema actual.
Aseveró que la perspectiva de género ha estado fuera del debate, y “es el eslabón más vulnerable de los vulnerables” en este fuego cruzado. Al referirse al principio de proporcionalidad, la ponente dijo que muchos países latinoamericanos como México no han tomado en cuenta este aspecto para aplicar las penas.
En el uso de la palabra, el secretario ejecutivo del Grupo Pompidou, Patrick Penninck, comentó que las políticas usadas por la mayoría de los países están basadas en sus ideologías y no en hechos científicos. Expresó que para una correcta aplicación de la legalización de las drogas debe respetarse la dignidad humana, el derecho a la salud y a su cuidado. El estado debe prevenir el uso de sustancias y rehabilitar a los adictos.
En su participación, el representante de la Oficina de Enlace y Pateneriado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Mazitelli, se pronunció por un cambio en la regulación de las drogas, toda vez que todos los estupefacientes ya están reglamentados, pero hizo un exhorto para que en esta toma de decisiones no domine la retórica sino lo que los expertos recomiendan.
En este sentido, subrayó que es importante que las decisiones tomadas aquí se apliquen, “se aplique la ley, eso quizá sea la vanguardia, hacer que la ley se aplique, sería la primera vez que pase en México y lo cual permitiría acabar con la impunidad, la cual a nivel nacional se sitúa en un porcentaje del 92 por ciento”.
Aclaró que durante este Foro se ha hablado del fracaso de las políticas, de la caída del sistema convencional. Se han escuchado las experiencias de España, Suiza y Holanda pero, entre los 188 países miembros de las convenciones internacionales, ninguno ha presentado una propuesta para que el sistema cambie, por lo que se hace necesario e indispensable una evaluación o una redirección de lo que son los esfuerzos de los estados, las peculiaridades de cada sistema nacional y de cada exigencia de la sociedad.
El profesor brasileño de la Universidad Salvador, Daniel Nicory, señaló que con base en la experiencia de su país, es necesario que existan tablas de cantidad, “pero que sean cantidades reales, no como en México que son muy bajas”; dijo que en 2006, del total de la población penitenciaria en Brasil, el 12.5 por ciento eran presos por tráfico y para el 2012 la cifra creció al 25 por ciento, lo cual fue considerado como inconstitucional por la Suprema Corte. Ahora, dijo, la condición del usuario es vista como un problema de salud, se penaliza pero no se criminaliza, el consumo es considerado delito pero con penas de advertencia o servicios comunitarios, para lo cual existe un juez que evalúa si la posesión de droga era para venta o para propio consumo.
Nicory mencionó que la Ciudad de México tiene muchas oportunidades de cambio, porque existe una ley procesal local y una federal, pero es necesario poner en las estadísticas cifras más realistas para así tener un avance en la materia, aunque, aclaró, aún no de legalización.
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