ANALIZAN IMPACTO DEL ACTUAL MODELO DE GESTIÓN Y SUMINISTRO DEL AGUA EN DF
01 de Julio de 2014
Con el compromiso de incorporar las opiniones de los consejos, pueblos y barrios, organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores, para construir una propuesta que permita abordar la problemática del agua y sus posibles soluciones, la diputada Lucila Estela Hernández, presidió la Mesa de Trabajo: “Análisis de la Ley Federal del Agua y el Impacto en el Distrito Federal, Comités, Consejos y Organizaciones de la Sociedad Civil”.
Pidió dar una discusión crítica y respetuosa, para encontrar las coincidencias y los consensos que permitan trabajar en conjunto una propuesta de modelo de gestión sustentable, que sustituya al actual, el cual ya está agotado. Hizo una convocatoria para acudir con los pobladores, en un ejercicio de rendición de cuentas, para un intercambio y evaluación del trabajo de los legisladores.
Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, comentó que la iniciativa de ley que se propone tiene como objetivo la descentralización institucional y no social, así como la autosustentabilidad que permita utilizar el agua de lluvia, entre otras propuestas. Dijo que el reto es la planeación y abrir las decisiones a la participación ciudadana, para que se evite que el agua se siga concentrando en pocas manos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos aseguró que esta discusión de la ley del agua es tan importante a nivel nacional como la reforma energética; expresó que el proceso de discusión de esta iniciativa se ha llevado a acabo entre los diputados y la administración, se ha hecho pública en las redes sociales, lo cual ha resultado insuficiente; por ello planteó que el programa de sustentabilidad hídrica es vital, “porque no sólo es un programa del SACM, sino que intervienen muchas áreas de la administración, como las delegaciones, pero haciendo caso a la Constitución debe haber participación ciudadana”. Dijo que ahora se tiene la oportunidad de que esta nueva regulación cree condiciones para que el agua esté garantizada como un derecho humano.
El diputado perredista, Gabriel Antonio Godínez Jiménez, aclaró que no hay ninguna intención de hacer una norma que privatice este sector. Por ello propuso construir, junto con las organizaciones sociales y académicos, una ley que convenza a todos, para lo cual pidió propuestas, apartados y conceptos nuevos, los cuales deben integrarse a estas iniciativas, y avanzar en las consultas con la comunidad, con fechas concretas. El objetivo es que dejen de crecer las áreas de suministro irregular.
La diputada petista, Miriam Saldaña Cháirez, aseguró que temas como el agua y los alimentos son asuntos de seguridad nacional, y que uno de los problemas del país es la disociación de los sectores académicos, políticos e iniciativa privada al tocar este tema; señaló que se debe erradicar, ya que necesitamos unos de otros, “el diálogo debe ser abierto a todos los sectores de la sociedad”, afirmó.
Además, habló de la visita de algunos diputados del Distrito Federal a la ciudad de Berlín, en la que formaron parte de un diálogo interparlamentario, donde uno de los planteamientos a tratar fue el del éxito obtenido por la asociación del Sistema Hídrico de Berlín con la inversión privada.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma, señaló que la Ciudad de México no tiene porque estar atrás del resto del mundo. Al referirse a las empresas que tienen contratos con el SACM, deben buscar ser vanguardia, construyendo una propuesta para evitar la escasez del vital líquido.
En tanto su colega, Elena Burns, expresó que México enfrenta un reto para lograr un marco legal institucional que garantice el desarrollo sustentable y equitativo del agua a través de la modificación de esta normatividad, en donde es indispensable la intervención ciudadana para cambiar la lógica de las leyes relacionadas con el agua.
Entre las opiniones de los integrantes de los comités y organizaciones, se planteó analizar megaproyectos como “Ciudad de la Salud” de la Clínica Mayo, para lo cual propusieron que antes de autorizar estos proyectos se consulte a los vecinos. Asimismo, denunciaron el desaprovechamiento de agua de lluvia y manantiales, el otorgamiento de prebendas a las empresas desarrolladoras y se criticó, entre otros asuntos, que se legisle a espaldas de los vecinos, o que se implementen negocios privados con recursos públicos.