ANALIZAN LEYES CONTRA CONSTRUCCIONES AL MARGEN DE LA LEY
18 de Agosto de 2011
Con la finalidad de revisar el marco jurídico vigente y los procedimientos para la atención a las solicitudes de cambio de uso de suelo y sus mecanismos de control y vigilancia, iniciaron las mesas de trabajo para analizar la problemática de las construcciones y desarrollos inmobiliarios realizados al margen de la Ley en la Ciudad de México.
Tras reconocer que actualmente en la capital aún existen construcciones irregulares, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Guillermo Sánchez Torres, sostuvo que la reunión se desprende de una solicitud aprobada en la Diputación Permanente, y afirmó que la capital requiere de inversiones y respuestas oportunas.
Asimismo destacó que es indispensable propiciar el desarrollo económico, pero bajo la lógica no sólo de cuidar, sino también de preservar el medio ambiente en el Distrito Federal.
Por su parte el diputado Leonel Luna Estrada, promotor del punto de acuerdo, señaló que la reunión persigue en primera instancia que la ciudadanía conozca de los procedimientos para generar una construcción, cómo solicitar modificaciones de uso de suelo, verificar construcciones o giros mercantiles, entre otros.
Agregó que del análisis de dichos procedimientos se buscará avanzar en nuevas reglas de operación y en cada una de las dependencias que se encargan de desarrollo inmobiliario capitalino.
En tanto el diputado José Alberto Couttolenc, mencionó que desde el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, continuarán pugnando por un trabajo que permita buscar soluciones en conjunto con las autoridades para que la ciudad crezca pero de manera ordenada.
Añadió que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, y Protección Ecológica y Cambio Climático, seguirá pendiente del suelo de conservación en la capital, además de avanzar para lograr una ciudad más verde.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes, agregó que la principal coincidencia entre legisladores, vecinos e inversionistas es lograr que el Distrito Federal tenga un crecimiento sostenido en el que se respeten los derechos de todos.
Propuso revisar los resultados de la mesa y tomar en cuenta la opinión de las dependencias que se encargan de la parte normativa, para generar reformas que beneficien a todos los implicados.
Tras señalar que el trabajo de la comisión se basa en el consenso, el diputado Rafael Calderón Jiménez, apuntó que hay temas pendientes que deben ser atendidos, entre ellos el desconocimiento de los ciudadanos en cuanto a las facultades de las áreas que se encargan precisamente de los permisos y revisiones de construcción, además de los cambios de uso de suelo.
Hizo un llamado a las autoridades para que entreguen cuanto antes las solicitudes de los ciudadanos ingresadas vía Artículo 41, Afirmativa Ficta, para dar claridad a vecinos y desarrolladores.
El Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Raúl Armida Reyes, dio a conocer que este año se elevó el número de procedimientos administrativos contra particulares ejecutadas por la autoridad e informó que de enero a la fecha han recibido 309 denuncias en los que están involucrados tanto el Instituto de Verificación Administrativa como las delegaciones, en contraste con las 280 recibidas en 2010.
El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel Cancino Aguilar, informó que los ciudadanos han presentado 8 mil 191 denuncias de las cuales mil 277, es decir, 29 por ciento están relacionadas por violaciones a la normatividad ambiental y urbana, por ello propuso fortalecer la aplicación de las leyes en la materia.
Durante su participación el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, se pronunció por modificar la figura de manifestaciones y regresara las licencias de construcción con el fin de otorgar mayor certidumbre a vecinos, inversionistas y desarrolladores; pidió además endurecer sanciones en el código penal contra gestores o “coyotes porque son un gran peligro para las delegaciones”.
En su exposición el director general de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Alejandro Fuente Aguilar, detalló los mecanismos de control que se emplean para asegurar la autenticidad en los documentos expedidos en materia de uso de suelo, construcciones y demoliciones, entre los que destacó el aumento de requisitos para la solicitud de certificados, la creación de una base de datos para un mayor control de los archivos y el uso de papel seguridad en los certificados, al que se adicionó un número de folio que debe coincidir con el folio de origen del documento.
El fiscal desconcentrado de investigación en delitos ambientales y en materia de protección urbana de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Samuel Ibarra Vargas, informó que a la fecha se tienen giradas dos ordenes de aprensión en contra de servidores públicos y aseguró que el mejor mecanismo como ciudadanos ante la sospecha de documentos apócrifos o la detección de irregularidades en la verificación y autenticación de uso de suelo, es presentar una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Ambientales, la Seduvi, o bien, ante la delegación correspondiente.
