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APRUEBA ALDF AUDITORÍAS PARA MIGUEL HIDALGO Y CUAJIMALPA



03 de Noviembre de 2010

Boletín # 973

El Pleno de este cuerpo colegiado aprobó pedir a la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF realizar auditorias financieras y de gestión al área de obras de la delegación Miguel Hidalgo, durante el periodo 2009, al tiempo que informe sobre las revisiones practicadas en 2006, 2007 y 2008, los resultados, observaciones y acciones que de ellas se hayan derivado.

El dictamen de comisiones unidas de Presupuesto y cuenta Pública y de Transparencia de la Gestión considera que el manejo de recursos públicos debe realizarse de manera transparente, escrupulosa y con rendición de cuentas, ya que estos son principios de la democracia. La revisión de los gastos es una obligación tanto de las contralorías generales, como de los órganos de control internos de control de la ALDF, que tiene entre sus atribuciones la revisión de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo tanto del DF, como de las delegaciones.

Se señala que es evidente que la delegación Miguel Hidalgo ha sido sometida a los Programas Anuales de Auditoría a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda, pero de conformidad con la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, corresponde a ésta llevar a cabo en forma adicional a su programa anual de trabajo, la práctica de visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías especiales.

Por otra parte, también se solicitó a la Contaduría Mayor de Hacienda que en su Programa General de Auditorías incluya las auditorías financieras y de gestión del área de obras de la delegación Cuajimalpa durante el periodo 2009, e informe a detalle sobre las revisiones practicadas en 2006, 2007 y 2008, así como los resultados, observaciones y acciones que de ellas se hayan desprendido.

Se afirma que el actual jefe delegacional, Carlos Orvañanos Rea, presentó una denuncia que evidencia faltas graves e irregularidades en la administración de su antecesor, y ante esos hechos esta Asamblea debe procurar transparentar la gestión de los órganos político-administrativos y vigilar el apego estricto de sus funcionarios a la normatividad establecida.
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