Aprueba ALDF Ley que extingue la potestad de ejecutar penas contra ciudadanos que se les imputaron delitos en manifestaciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015
24 de Abril de 2018
- Aquellas personas relacionadas con daños en bienes del dominio público y propiedad privada no serán favorecidas con la norma
Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra aquellas personas, a quienes se les imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.
Con el decreto, los individuos que se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, por los delitos de ataques a la paz pública, podrán beneficiarse de la ley.
En los casos de imputados con causas pendientes, el Juez competente decretará de oficio el sobreseimiento sin restricciones en favor de los procesados por extinción de la acción penal, ordenando la libertad.
De acuerdo con el dictamen presentado y discutido por el Pleno de la ALDF se reconoce como víctimas a todas aquellas personas que, derivado de un procedimiento o investigación ante instancias administrativas, judiciales y organismos autónomos de derechos humanos, hayan sido detenidas arbitrariamente, con motivo de su participación en movilizaciones, protestas y actos tendientes al reclamo de demandas sociales en el tiempo referido, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismo delitos.
Además, las personas beneficiarias con esta ley no podrán ser en el futuro detenidas, aprehendidas, ni procesadas por los delitos que le fueron imputados y cometidos estrictamente durante el periodo señalado.
La norma resalta que no serán sujetas de la extinción de la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad aquellas personas a quienes se les impute la comisión de delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes del dominio público y propiedad privada.
El dictamen, avalado, primeramente, por los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el legislador Jimeno Huanosta, destaca que se diseñará un programa de becas para la reinserción social de los afectados y si éstos hubieren fallecido, el apoyo se hará a sus familiares.
El diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, indicó que esta es una iniciativa que emerge de la sociedad civil, por lo que hizo un reconocimiento a los abogados y familias de los jóvenes.
La diputada Beatriz Olivares Pinal, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF presentó el dictamen e indicó que los próximos beneficiaros con esta ley nunca fueron acusados por los delitos de secuestro o robo.
Al razonar su voto, el diputado Raúl Flores García, del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que esta ley garantiza a los ciudadanos la libertad de expresión y movilización. “Se pueden manifestar sin miedo a ser detenidos. Esto sí constituye un perdón y olvido para aquellos que son beligerantes con las decisiones gubernamentales”.
También la diputada Aleida Alavez Ruiz razonó su votó y explicó con la norma aprobada se restablece la relación entre instituciones y sociedad. “Las instituciones del Estado no criminalizaremos a la juventud, en contrario se tienden puentes con ellos”.
Más adelante, el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del PRD, subió a Tribuna y aseguró que con la aprobación del Decreto, la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa hacen historia. “No se puede criminalizar a un estudiante, a un obrero, a un campesino que levantan la voz, porque quieren educación o protestan porque quieren exigir sus derechos. Estas personas no son delincuentes”.
En tanto, el diputado Darío Carrasco Aguilar, de la fracción parlamentaria de Morena, indicó que no se deben registrar más actos de represión por ejercer el derecho a la libertad de expresión y movilización.
