APRUEBA ALDF SOLICITAR LINEAMIENTOS PARA GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA COMBATIR EL SECUESTRO
31 de Marzo de 2015
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitará al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la emisión de lineamientos en materia de geolocalización en dispositivos móviles para combatir el delito de secuestro.
Lo anterior, al aprobar el punto de acuerdo, presentado por la diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, en el que se destaca la importancia de la colaboración del Ifetel con el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y el Gobierno del Distrito Federal para enfrentar de manera sustancial este delito.
En su exposición, la vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, destacó la necesidad de que sean emitidos, de manera urgente, los lineamientos referentes a la geolocalización para las compañías de teléfonos celulares, los cuales deberán contener, entre otros aspectos, sanciones para aquellas empresas que incumplan con su aplicación.
La propuesta, avalada por el Pleno, subraya que dicho instrumento será una herramienta eficaz para el combate al secuestro. Señala que el acceso por parte de las autoridades capitalinas a esta información permitirá ubicar a la víctima o quien comete el delito de secuestro, tal y como se establece en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que precisa que los concesionarios del servicio de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia para conocer la localización geográfica de equipos de comunicación móvil, en tiempo real y aún sin que se cuente con una orden judicial”,
En otro tema, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, diputado Manuel Granados Covarrubias, presentó la propuesta con punto de acuerdo para respaldar la medida del Gobierno del Distrito Federal de ampliar el plazo para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al 15 de abril de 2015.
La propuesta fue turnada por la presidente de la Mesa Directiva, diputada Gabriela Salido Magos, a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, para su análisis y dictamen.
En la sesión ordinaria, los legisladores aprobaron también el punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD, Rubén Escamilla Salinas, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal para que en coordinación con las 16 jefaturas delegacionales y la Secretaría de Economía del Distrito Federal se efectúen visitas a las obras por contrato de administración realizadas en mercados públicos de cada demarcación durante el ejercicio 2014.
Lo anterior, como parte de las políticas públicas que la ALDF en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico ha impulsado, con el objetivo de fortalecer la reactivación económica de dichos establecimientos.
Al hacer uso de la tribuna, el también presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la ALDF, aseguró que los mercados públicos no han tenido un mantenimiento a su infraestructura que pueda provocar una mayor afluencia de consumidores, ello a pesar de que son una fuente importante de empleos y permiten el abasto para las familias que habitan en el Distrito Federal.
Asimismo recordó que para el Ejercicio Presupuestal 2014 fueron etiquetados recursos destinados al cuidado y recuperación de la buena imagen de los mercados; ante ello resaltó la necesidad de que se realicen visitas a cada una de las demarcaciones territoriales a fin de que se supervisen las obras que se realizaron.
La propuesta prevé que a partir del próximo 13 de abril inicien las visitas a las delegaciones: Álvaro Obregón; el 15 en Azcapotzalco; el 17 en Benito Juárez; el 22 de abril en Cuauhtémoc; el 24 de abril en Cuajimalpa; el 27 de abril en Gustavo A. Madero; el 29 de abril en Iztacalco; el 6 de mayo en Iztapalapa; el 8 de mayo en Magdalena Contreras; el 11 de mayo en Miguel Hidalgo; el 13 de mayo en Milpa Alta; el 15 de mayo en Tláhuac; el 18 de mayo en Tlalpan; el 20 de mayo en Venustiano Carranza y el 22 de mayo en Xochimilco.
Por otra parte, en el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Agua, los diputados Gabriel Antonio Godínez Jiménez y Ana Julia Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron pronunciamientos al respecto para destacar la función esencial del vital líquido y reiteraron su postura en contra de la Ley General de Aguas.
Gabriel Godínez Jiménez expuso que dada la importancia del tema y el que se le da a nivel intencional, México no puede quedarse al margen de este debate; en 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el Primer Día Mundial del Agua. En 2015, dijo, el tema fundamental es agua y desarrollo sustentable por ser un elemento esencial en este aspecto; los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
Agregó que al igual que el modelo económico que produce millones de pobres cada día, al concentrar la riqueza en algunos miles de familias, en materia hídrica hay un fenómeno semejante pues el agua disponible se concentra en regiones que albergan poca población.
Peor aún, indicó, con el intento de la aprobación de la Ley General de Aguas se busca, en la práctica, garantizar empresas privadas que puedan disponer de grandes volúmenes de agua para procesos agrícolas, cuya producción es para exportación en detrimento de la seguridad alimentaria o para procesos industriales como el fracking o fracturamiento del suelo, para extraer gas, con el pretexto de garantizar el derecho humano a el agua a 9 millones de mexicanos que actualmente no reciben el vital líquido.
Sobre el tema, la diputada Ana Julia Hernández convocó a autoridades y sociedad civil a sumarse a un debate amplio, plural e incluyente, en el que puedan intervenir todos los sectores del país, a fin de que las resoluciones a las que se lleguen garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano a el agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable.
Agregó que en México, a partir del año 2012, el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico fue elevado a rango constitucional. Sin embargo, dijo, con la Ley General de Aguas, que actualmente se encuentra a discusión en el Congreso de la Unión, las y los mexicanos corremos el riesgo de que se privatice este derecho humano.
Por ello hizo un llamado a que como “pueblo mexicano” no se aplauda ni celebre este tipo de iniciativas, “digamos no a la privatización del agua, no permitamos que a través del concesionamiento de las obras hidráulicas y sistemas municipales se genere el cobro de altas tarifas, puesto que las empresas tendrían garantizada la recuperación de su inversión a costa de las tarifas cobradas al usuario final o recursos del gobierno”.
La legisladora apuntó que de aprobarse la Ley General de Aguas la tarifa de este vital líquido se podría incrementar hasta en un 300 por ciento.
