Se aprueban modificaciones a la Ley de Desarrollo Social para transparentar programas sociales
10 de Agosto de 2016
· El objetivo es optimizar los recursos públicos y evitar la dispersión de programas y posibles duplicidades de los apoyos: Dip. Mariana Moguel Robles
· Padrón Unificado de Beneficiarios, Transparencia y Protección de datos personales, los mayores cambios
La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó este día un paquete de reformas y adiciones a la Ley de Desarrollo Social, para optimizar los recursos públicos, evitar la dispersión de programas y acciones para el desarrollo social y las posibles duplicidades de los apoyos o beneficiarios de los mismos.
El dictamen fue presentado por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Mariana Moguel Robles, quien sostuvo que la reforma de Ley tiene también el propósito de impedir el mal uso de la información en la ejecución de los programas sociales que se otorgan en la Ciudad de México, para lo cual se tendrán mejores mecanismos para la autogestión, inconformidad y protección, evitando así su condicionamiento y haciendo su acceso más efectivo.
Por lo anteriormente expuesto, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que era necesario reformar los artículos relativos a la Planeación, Programación y Presupuestación, además de los relativos a los Programas de Desarrollo Social y Evaluación de las acciones de Desarrollo Social, así como adicionar criterios en la Ley, a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas durante la ejecución de los programas y las acciones de gobierno enfocados al desarrollo social de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México.
Moguel Robles resaltó que; “en la actualidad la transparencia, legalidad, rendición de cuentas y el combate a la corrupción son elementos fundamentales para la superación de los rezagos sociales en materia de pobreza, por lo que las políticas sociales deben tener un carácter integral, coordinado y participativo para otorgar soluciones estructurales y permanentes a los problemas de vulnerabilidad y marginación social.”
Puso de relieve que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en su calidad de instancia rectora de las políticas sociales de la Ciudad de México, deberá fortalecer los mecanismos existentes de seguimiento para el cumplimiento de los criterios de integración de la información sobre personas beneficiarias de programas sociales.
Esta información, dijo, permitirá mejorar las acciones de política social al identificar con mayor precisión las poblaciones objetivo y garantizar el derecho al desarrollo social de las personas en situación de pobreza.
“No sólo se trata de contar con bases de datos y administrarlos con fines basados únicamente en la eficiencia de gasto público, también se trata de interpretarlos y dar un uso real de ellos debidamente protegidos por la ley de Datos Personales, siempre anteponiendo el consentimiento expreso del propietario para su uso y explotación por parte de las instancias públicas”, argumentó.
La diputada del PRI recalcó que las adiciones y reformas a los artículos 1, 3, 4, 8, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 40, 41 y 46, así como al Capítulo Duodécimo y el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social, tienden a reducir la posibilidad de que se creen programas sociales que operen exclusivamente en tiempos electorales y a fortalecer la transparencia y el nivel de rendición de cuentas en la implementación de la política de desarrollo social en la capital del país.
De esta manera, refirió que las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, deberán recibir atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de sus derechos; además de que en cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la normativa aplicable. “Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales”, precisó.
Con las modificaciones aprobadas a la Ley de Desarrollo Social, todos los programas sociales deberán contar con Reglas de Operación en las que se incluirán, al menos: la entidad o dependencia responsable del programa, diagnóstico, objetivos y alcances, metas físicas, programación presupuestal, requisitos y procedimientos de acceso para ser beneficiario, procedimientos de queja o inconformidad ciudadana, mecanismos de evaluación, indicadores de gestión y de resultados, formas de participación social, articulación con otros programas sociales, mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas, así como criterios para la integración y unificación del padrón universal de beneficiarios.
De esta manera, en la Ciudad de México existirá un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las dependencias de la administración pública local, que contendrá la información sobre la totalidad de las personas que acceden a los diversos programas de desarrollo social. Dicho padrón unificado y los programas serán auditables en términos de la legislación por los órganos facultados para ello.
Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial, con al menos 10 días hábiles de anticipación.
