APRUEBAN REFORMAS PARA REGULAR ACTIVIDAD DE FRANELEROS Y SANCIONAR A QUIENES SE DROGUEN EN LA CALLE
29 de Noviembre de 2010
Los diputados integrantes de las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, así como de Seguridad Pública, aprobaron en reunión de trabajo reformas a la Ley de Cultura Cívica y el Código Penal del Distrito Federal para imponer arresto de 20 a 36 horas a los franeleros que impidan o estorban de cualquier forma el uso de la vía pública.
Los únicos “viene-viene” que no tendrán esta sanción, siempre y cuando no afecten a los ciudadanos, serán los que estén registrados en el padrón de las delegaciones políticas. "Se establece como obligación para los cuidadores y lavadores de vehículos tramitar la credencial de no asalariado, y con ello las autoridades involucradas tendrán la obligación de coordinarse, sin que se afecte a los vecinos que habitan en donde se desarrolla esta actividad", explicó.
Por otra parte, Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, destacó que otro dictamen aprobado se refiere a sancionar con arresto de 25 a 36 horas a quien se drogue en vía pública. “La ciudadanía puede solicitar el apoyo de una patrulla para que sea llevado al Juzgado Cívico”, detalló.
Aclaró que esta sanción es una falta administrativa y no un asunto criminal. “Lo que queremos hacer sacarlos de la vía pública porque ya intoxicados pueden asaltar a una persona o cometer algún delito”, aclaro.
En el caso de quienes sean pederastas, dijo, la pena independientemente si cometió o no violación, también aumentó de cinco a 15 años de prisión.
Estos dictámenes serán presentados al Pleno para su aprobación, aseguró.
Por otra parte, el coordinador del grupo parlamentario del PVEM. Raúl Nava Vega, informó que para ayudar a reducir la sobrepoblación del sistema penitenciario y sanear los CERESOS del Distrito Federal logró que después de siete meses las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Seguridad Pública aprobaran dos iniciativas de reformas –propuestas por él- a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales local.
Explicó que una de las propuestas aprobadas por 6 votos a favor, adiciona un Capítulo Único “De la Posibilidad de Celebrar Convenios”, en donde se establece que el GDF podrá celebrar convenios para que los sentenciados por delitos locales cumplan sus penas en sistemas penitenciarios de otros estados.
Según especialistas la reinserción de los recluidos en cárceles tiene mucho que ver con la cercanía de sus familiares, de ahí la importancia de que los reos con domicilio en otros lugares diferentes al DF puedan ser trasladados a un reclusorio cercano a sus hogares, y así también ayudar a aligerar la sobrepoblación en los reclusorios.
Asimismo, contempla la posibilidad de que a través de los convenios reciba reos sentenciados del orden Federal o de diversa competencia local siempre y cuando no causen o aumenten el problema de sobrepoblación carcelaria; no represente un peligro para la seguridad de la institución; no constituya una erogación para la ciudad, para lo que la jurisdicción que envía al sentenciado tendrá cubrir las erogaciones que represente dicho convenio.
El legislador explicó que estos convenios se realizarán siempre y cuando los internos ya hayan cubierto la reparación del daño., con lo que se contribuye a mejorar la aplicación de los derechos de los internos para alcanzar la preliberación o liberación anticipada en algunos casos.
En ese mismo sentido, comentó que la segunda iniciativa aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas modifica el artículo 35 con el fin de adecuar la forma en la que se ofrece el tratamiento a los internos, para que el trabajo derivado de la readaptación social sea acorde a las aptitudes profesionales o técnicas del sentenciado y en caso de ser necesario se brinde apoyo psicológico.
Además se establece que los profesionales encargados del tratamiento deberán contar con ética probada, y estarán sujetos a exámenes de capacidad profesional y psicológicos.
“Urge que las reformas que se aprueben desde la ALDF también impulsen un cambio que realmente ayude a readaptar a los que delinquen, pues de lo contrario seguirán saliendo con doctorado en delincuencia organizada”, enfatizó.
Más adelante, indicó que también se modifica el artículo 36 con el fin de aumentar de 7 a 8 años el beneficio de tratamiento en externación (cumplir la pena fuera de la cárcel), además se pretende obligar a los beneficiados a rendir un informe mensual.
Finalmente, en este mismo apartado se incluye un último párrafo con el fin de obligar a las autoridades penitenciarias a apoyar con sesiones de evaluación y reforzar valores morales y conciencia social a los sentenciados entre 18 y 30 años de edad.
