AUMENTAR SANCIONES A QUIENES PERTURBEN LA PAZ PÚBLICA EN EL DF, PROPONE ISRAEL BETANZOS
18 de Octubre de 2015
Sanción de diez a treinta años de prisión, suspensión de derechos políticos por veinte años y dos mil días de salario mínimo a quien mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios que perturben la paz pública, intimiden a la sociedad o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federa, propuso el diputado Israel Betanzos Cortes.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una iniciativa de reformas al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, con el propósito de sancionar con mayor rigor a quienes generen disturbios y alteren el orden público.
Expuso que los representantes populares tienen la obligación de promover reformas que garanticen la protección de los bienes jurídicos que son el orden social, el normal desarrollo del régimen político, la sana convivencia, la libertad, el respeto y el derecho de todos los ciudadanos a una vida plena de paz y tranquilidad.
Recordó que en el año 2012, con la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, se redujeron los años de prisión -de dos a siete- para quienes ataquen la paz pública. "Antes de esta reforma, el artículo exponía que se impondrían de cinco a treinta años de prisión a quienes perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, así como a los que presionen a la autoridad para que tome una determinación", precisó.
Betanzos Cortes afirmó que no se puede tolerar el daño que provocan a negocios y bienes públicos personas que aprovechan las expresiones de diferentes grupos sociales en la ciudad para cometer actos de barbarie y agredir a policías.
Enfatizó su respeto a la libertad de expresión y manifestación, que es un derecho constitucional, pero señaló que es una exigencia ciudadana que las conductas subversivas y violentas de quienes atacan comercios e inmuebles tanto públicos como de la iniciativa privada, reciban un enérgico castigo..
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