AVALA COMISIÓN CREACIÓN DE LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DF
14 de Noviembre de 2013
Al realizar diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el diputado Antonio Padierna Luna, aprobó dictámenes referentes a la creación de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, además de regular el trabajo en los centros penitenciarios.
A fin de cumplir con lo dispuesto en la Constitución mexicana, para la reinserción social del preso, la vicepresidenta de la Comisión, Olivia Garza de los Santos señaló que esta iniciativa de Ley de Centros de Reclusión establece en su capitulado un sistema penitenciario claro con autoridades delimitadas; la propia reinserción social; expediente individual, el programa de actividades penitenciarias y centros de reclusión en el Distrito Federal.
En su iniciativa propuesta también hay capítulos referentes al régimen penitenciario, el servicio profesional penitenciario de carrera y el consejo de honor y justicia. Insistió que la intención de esta ley es regular la vida en los penales, y es la primera iniciativa a nivel nacional, porque no hay otra ley que esté funcionando en México.
La diputada abundó que se busca con esta ley generar condiciones de derechos humanos dignos para las personas, que si bien han sido privadas de su libertad y se les está aplicando una sanción, ésta vaya hacia la reinserción social, tal y como lo señala el texto de la ley, que parte de la reinserción sea a través del desarrollo de la industria penitenciaria de los internos.
Otro elemento importante de la ley, dijo la diputada Garza de los Santos, es el servicio profesional penitenciario de carrera, que busca el cambio de las estructuras administrativas de la prisión desde adentro. Y que este servicio sea una oportunidad para las personas que trabajan en los penales, que puedan crecer con la institución, se valore dignamente su actividad y que no sea este espacios el último lugar donde presten sus servicios.
Por otra parte, a fin de regular y mejorar la prestación del servicio de defensoría pública y crear la Defensoría Pública del Distrito Federal, que estará a cargo de un director o defensor en jefe, los diputados aprobaron ambas iniciativas de ley que integran con 55 artículos donde se incluye la estructura de organización de la Dirección de esta Defensoría que estará integrada por un director en servicios legales, un director en jefe, los defensores especializados en áreas penal, civil, justicia especializada para adolescentes y mediación.
El diputado Padierna Luna señaló que esta normatividad también incluye unidades técnicas administrativas de peritos y trabajadores sociales. Ambas propuestas coinciden en la implementación del servicio profesional de carrera como una forma de permanencia de los defensores públicos con carácter de confianza.
Asimismo, se propone homologar las percepciones de estos defensores con los agentes del Ministerio Público; además se propone un procedimiento de ingreso a los defensores, para elegir a las personas mejor preparadas, que puedan brindar un servicio de calidad y una defensa adecuada.
También se plantea la implementación de programa de capacitación para que defensores públicos, peritos y demás personal accedan de forma permanente a la actualización de los conocimientos, y sensibilizarse en temas relevantes como el respeto a los derechos humanos de las personas indígenas, de los pertenecientes a la comunidad LGBTTTI, de las personas con discapacidad y prevenir la discriminación y el acoso sexual.
Con esta ley, señaló el presidente de la Comisión, se requiere un incremento en 150 millones de pesos anuales para el funcionamiento de la nueva Defensoría Pública, a fin de integrar a su cuerpo a más de 400 licenciados en derecho que fungirán como defensores de oficio. Agregó que esta iniciativa de ley forma parte del paquete de iniciativas presentadas en abril por el jefe de gobierno, y elementos del nuevo sistema de justicia penal para el Distrito Federal.
En otro punto, al referirse a diversas modificaciones, adiciones a los artículos del Código Penal, el secretario de la Comisión, Arturo Santana Alfaro, dijo que estos corresponden a un paquete de iniciativas para coadyuvar al gobierno local, darle herramientas al jefe de gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al procurador capitalino en “asuntos en específico”, para agravar diversos tipos penales cuando éstos se cometan durante el desarrollo de manifestaciones, mítines, protestas, conmemoraciones, etcétera.
El diputado explicó que lo anterior ha sido una demanda de la ciudadanía a partir de los hechos atípicos que se han venido presentando a partir del primero de diciembre de 2012, que antes se consideraban hechos aislados pero ahora han venido repitiéndose con frecuencia en el Distrito Federal.
La reforma consiste en incrementar hasta la mitad las penas del castigo, por ejemplo, en el delito de homicidio en contra de elementos de corporaciones policiales en el ejercicio de sus funciones, por motivo de marchas, concentraciones, manifestaciones, mítines o cualquier evento público de esparcimiento, deportivo o de recreación.
Ese mismo tipo penal se incrementarán a la mitad, cuando se realicen lesiones dolosas contra elementos de corporaciones policiales; el mismo caso aplica por motivos de robo y daños a la propiedad.
Padierna Luna aclaró que la iniciativa propuesta por él y el diputado Arturo Santana no criminaliza la movilización y la protesta social, sino que está enfocada a castigar los actos violentos que se cometan en todo tipo de concentraciones públicas, como marchas, eventos culturales y deportivos. Por ello pidió tomar en cuenta la oportunidad de regular y sancionar a las personas que se dicen ser manifestantes y sólo generan disturbios en las marchas.
En otros puntos, los diputados aprobaron diversos cambios al Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, para castigar diversas conductas de los servidores públicos al generar corrupción en el uso de suelo y licencias de construcción. También propone sancionar a los particulares, los directores de obras que firmen y no supervisen la obra a su cargo.
Además se sancionará a las personas que se dedican a la gestión y tramitar diversos permisos, que con medios indebidos obtienen usos de suelo y licencia para construir con base en documentos falsos o alterados, situación que se ha convertido en una práctica reiterada en la capital, señaló el diputado Antonio Padierna.
La Comisión también aprobó reformas a leyes como la Registral y la Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto de Verificación Administrativa, entre otras, a fin de establecer la custodia de folios y así evitar la alteración de uso de suelo o ventas a particulares que compran de buena fe. En el dictamen se propone poner en custodia el folio original y evitar casos como el sucedido en la calle Céfiro.
