BÁSICO, INCORPORAR AL TEXTO CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINALES
03 de Marzo de 2016
Boletín # 287
· Investigadores consideran históricamente justo el reconocimiento de estos preceptos
Para escuchar propuestas que otorguen mayor reconocimiento a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, se llevó a cabo una conferencia magistral en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Fue en el marco de los trabajos de la Segunda Reunión Plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezada por el coordinador de la fracción priísta, Israel Betanzos Cortés.
El diputado Luis Gerardo Quijano Morales, del PRI, indicó que en el proceso de crecimiento de la ciudad, los derechos culturales de los pueblos originarios del Distrito Federal fueron violentados. Por ello, consideró necesario incluir en la Constitución de la Ciudad de México a los pueblos y barrios originarios, sobre todo en la Ley de Participación Ciudadana.
En su oportunidad, la diputada del PRI, Mariana Moguel Robles, apuntó que abogará por un desarrollo rural sustentable a fin de brindar protección de la tierra en delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Magdalena Contreras y Xochimilco.
Agregó que éste es el momento histórico para lograr que se plasmen en un texto constitucional los derechos de estos pueblos originarios.
Al respecto, la diputada del PVEM, Eva Eloisa Lescas Hernández, puntualizó que no debe dividirse el derecho a la vida y que necesita contemplarse con un carácter inalienable. "Sólo por vivir tenemos derecho a todo", destacó.
Consideró injusto que "nosotros mismos nos avergoncemos de nuestras raíces”. Declaró que ha sido víctima de discriminación por parte de vecinos que desconocen lo que ella representa. A fin de que situaciones de este tipo no sucedan, señaló que es necesario visibilizar a los indígenas en principios constitucionales y ofreció su apoyo a pueblos y barrios originarios para conseguirlo.
En la reunión participaron expertos en materia de derechos de los pueblos originarios. En su exposición, José Alberto González Galván señaló que es necesario traducir en acciones institucionales los derechos individuales, tales como la libertad de reunión, a la propiedad y a la vida, así como aquellos culturales y colectivos: la libre determinación, la toma de decisiones, justicia, educación, pleno desarrollo, entre otros.
Recalcó que la nueva Constitución de la Ciudad de México tiene que demostrar la identidad de este sector. Para logarlo, propuso la creación de una Secretaría Intercultural que garantice el reconocimiento a sus derechos como comunidad indígena; que el gobierno emita actas de nacimiento y credenciales que adscriban la identidad de cada ciudadano que decida considerarse como perteneciente a un pueblo originario.
Sugirió además crear un fondo de desarrollo proveniente del cobro predial de los inmuebles del Centro Histórico, debido a que, en su opinión, fueron construidos por “manos indígenas”; implementar una Ley de Memoria Histórica que se aplique en las escuelas de educación básica con los conocimientos de los que consideró nuestros orígenes mexicas; cambiar el nombre de la Delegación Cuauhtémoc, de las calles y avenidas por uno que resalte la flora y fauna local.
En ese sentido, el experto Zósimo Hernández Ramírez pidió hacer una revisión histórica de los pueblos originarios y exhortó a los diputados a escuchar a los habitantes de las delegaciones rurales para que conozcan su identidad y dialoguen sobre su visión específica de desarrollo de la zona.
Puntualizó que para que la Constitución pueda identificarlos claramente se requiere definir la identidad de cada comunidad con base en criterios particulares y las necesidades que presentan. Con ello, lograrían el reconocimiento de 143 pueblos que posiblemente existen en el Distrito Federal, ya que, informó, constitucionalmente únicamente se reconoce a 68.
Para concluir su ponencia, Zósimo Hernández insistió en que el texto constitucional debe contener principios en materia de derechos y no ser reglamentaria. Apeló en favor de los derechos laborales para todos los ciudadanos “y no dejar a nadie atrás, independientemente de su origen.
Finalmente, el diputado Luis Gerardo Quijano reflexionó las ponencias para tener clara la ruta a seguir de acuerdo con las necesidades, requerimientos y derechos que corresponden a los ciudadanos. Se comprometió a, una vez aprobada la constitución, trabajar para que la ALDF homologue leyes secundarias que blinden los derechos de este sector y garantizar su reconocimiento cultural y social.
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