Bienes confiscados de funcionarios corruptos deberían ser destinados a población de escasos recursos: Ana Ángeles
18 de Noviembre de 2016
· GCDMX debe cumplir promesa de aumentar los salarios, al menos, de 73.04 a 86.33 pesos.
· Con la depreciación de la moneda nacional e incremento a las tasas de interés, los sueldos de los capitalinos es insuficiente para cubrir sus necesidades
Ante la reciente depreciación de la moneda nacional, el incremento de las tasas de interés en todos los plazos, y el panorama internacional que se avizora ya con una afectación a la economía mexicana, la legisladora Ana Juana Ángeles Valencia urgió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cumplir su promesa de aumentar los salarios, al menos, de 73.04 a 86.33 pesos.
La legisladora de Morena dijo que los aumentos a bienes y servicios son inminentes, el alza del dólar, la inflación que continúa deteriorándose, incremento a las gasolinas y tarifas de luz, por lo que para alcanzar un ingreso de dos mil 589.90 pesos, que en realidad, debería elevarse hasta 172. 66 pesos, justamente en este periodo.
Enfatizó que con sueldos de dos mil 191 pesos mensuales, millones de trabajadores no llegan a la quincena porque no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas como salud, comida, educación, recreación, entre otras.
Destacó que dichos aumentos continúan afectando profundamente la economía de las familias, por tanto, las reformas gubernamentales nunca debieron aprobarse porque ahora se ve el daño que ocasiona a millones de mexicanos.
Ángeles Valencia pidió al Jefe de Gobierno rectificar su declaración en torno a que “el aumento al salario mínimo pueda hacerse de manera progresiva”, pero, “tiene que estar vinculado con una mayor productividad”, como lo mencionó hace un mes al comprometerse a mejorar el ingreso de los asalariados.
Esa condicionante, dijo, podría ser un factor para que los empresarios no otorguen un aumento salarial porque, efectivamente, no habrá el rendimiento, ni las ganancias esperadas, no sería falta de responsabilidad de éstos, sino por cuestiones externas, por el mal manejo de las finanzas y economía nacional.
Recordó que son necesarias las reducciones de los sueldos de los funcionarios públicos de alto nivel, diputados federales y locales, senadores, magistrados de los Tribunales, embajadores, cónsules y demás trabajadores de cuello blanco, así como la reducción de gastos excesivos de imagen personal.
Asimismo, propondrá una iniciativa de Ley para que los funcionarios y gobernantes ladrones paguen por daños a la nación, les sean decomisadas todas sus propiedades adquiridas de manera ilícita y se destinen para utilidad pública, además de pagar con cárcel por los delitos cometidos.
Tal es el caso de confiscar en su totalidad los más de 4 mil 642 millones pesos que robaron al erario público los ex gobernadores del PRI y PAN, Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padrés Elías para blindar programas sociales destinados para atender a grupos vulnerables de todo el país, fundamentalmente a la Ciudad de México que requiere de mayores recursos para atender a la población de escasos recursos, señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Destacó que al menos se sabe de los mil 105 millones que desvío Padrés Elías y más de tres mil 536 millones de Duarte de Ochoa, pero falta aún investigar a otros ex gobernadores como el de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Tomás Yarrington y Humberto Moreira, entre otros.
Dijo que frente a la crisis económica que viven los mexicanos, peor aun cuando se elevaron las tasas de interés para las tarjetas y créditos bancarios hasta en un 5.25 por ciento, es necesario recuperar en su totalidad lo sustraído por gobernadores corruptos, que deben estar tras las rejas juntos con sus cómplices sin ninguna consideración.
Estimó que estas medidas obligadas para la Procuraduría General de la República (PGR), darían certidumbre de Estado y de un verdadero interés por erradicar la corrupción de todos los ámbitos productivos y sociales del país.
Requerimos, entonces, más empleos y mejor pagados; un sistema alimentario nutritivo y accesible; un sistema educativo incluyente, gratuito, laico; acceso a la salud preventiva, de segundo nivel, correctiva y cuando la urgencia lo amerita, un trato más digno cuando el esfuerzo médico y humano ya no alcanza para mantener la vida, afirmó.
