Burocracia y violencia institucionalizada enemigos de mil 265 mujeres víctimas de delitos sexuales
06 de Junio de 2017
- Menospreciar denuncias de mujeres, abre la puerta a la delincuencia para seguir quebrantando los articulados del Código Penal capitalino
- Morena busca avivar la cultura de igualdad de género en un clima laboral libre de violencia y que se garantice el acceso a la justicia.
- Mientras la clase política se ocupa más por mantener el poder político nunca se dará el primer paso para resolver el problema de fondo
La burocracia, la corrupción y la violencia institucionalizada en la capital del país son los principales enemigos de más de mil 265 mujeres que fueron víctimas de delitos sexuales el año pasado, las que, al no ser atendidas conforme a los procedimientos penales y en observancia a los principios de perspectiva de género, sus casos derivaron en violencia género institucional por la omisa intervención de las autoridades encargadas de procurar justicia en la Ciudad de México (CDMX), señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Consideró peligroso que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), dejen sin atender las denuncias de las mujeres y hombres víctimas de delitos de abuso y acoso sexual en el ámbito laboral, vía pública y transporte de pasajeros del gobierno de la CDMX y concesionado porque deja la puerta abierta para que los delincuentes continúen quebrantando los articulados del Código Penal capitalino.
En ese sentido exigió a la PGJ-DF explique la inoperancia de seis Agencias Especializadas bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Delitos Sexuales de esa dependencia en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc cuya situación irregular deja entrever el poco interés que ostenta para atender los delitos sexuales.
Respaldó a su vez la demanda que el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), formuló a la Secretaria de Gobernación, para que dé a conocer las sanciones impuestas a los servidores públicos que han sido encontrados culpables de delitos sexuales y violencia contra mujeres.
Ángeles Valencia se pronunció por que se siga promoviendo la cultura institucional de igualdad de género en un clima laboral libre de violencia; además de definir mecanismos para orientar a la presunta víctima de delitos sexuales y brindarle acompañamiento especializado para que se garantice el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, mediante el acompañamiento de sus propios compañeros de trabajo certificados para atender el tema.
Lo anterior, dijo, se sustenta en el “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, que entró en vigor el 31 de agosto de 2016 en todos los centros laborales de las dependencias del Gobierno Federal, la mayoría ubicados en la CDMX, sitios donde se desempeñan más de 750 mil trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, nativos de esta ciudad capital.
Sostuvo que mientras la clase política siga ajena a sus responsabilidades, a la realidad que vive la CDMX y sólo se ocupe de mantener el poder político y económico no se dará el primer paso para resolver el problema de fondo, por lo que aseguró que los integrantes de su bancada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), irán a la raíz de lo que actualmente está afectando a la sociedad, la impunidad, la corrupción y la burocracia.
Destacó que la capital del país es una de las entidades donde la violencia sexual está por encima de la media nacional al ocupar el onceavo lugar con mayor incidencia en estos delitos, con base en datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Consideró que no sólo aumentando las penas a los delincuentes se va a resolver la violencia sexual en la CDMX, se requiere, afirmó, que las autoridades federales y locales encargadas de la administración y procuración de justicia sean sensibles para incorporar la perspectiva de género en los procedimientos donde se conozcan y se resuelvan delitos sexuales.
Para el caso del gobierno capitalino, enfatizó, es urgente extender las campañas de concientización y prevención para evitar que se siga perpetuando la cultura de la violación contra las mujeres porque es un delito que daña al tejido social de manera irreversible.
Afirmó que se deben fomentar penas máximas a las autoridades omisas, corruptas y burocráticas que no han atendido casi 30 mil casos nuevos de posibles delitos sexuales registrados el año pasado en todo el país, porque son ellos los que fomentan el aumento de delitos al no aplicar las sanciones vigentes a los victimarios.
Recordó que en la capital del país se registraron en 2016 un total de dos mil 265 denuncias que representan una tasa de casi 30 casos por cada cien mil habitantes y subrayó que ONU Mujeres reportó que nueve de cada 10 mujeres capitalinas han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en sus traslados cotidianos en la CDMX.
Sostuvo que en número reales más de cuatro mil 600 mujeres al día; 32 mil 249 a la semana; 128, mil 996 en un mes y un millón 547 mil 952 al año son víctimas silenciosas de acoso y abuso sexual en el transporte público, donde los ojos de los policías preventivos no ven y la justicia está lejos buscando el sustento político.
Demandó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, (GCDMX), mayor compromiso con la impartición de justicia y al poder legislativo local el diseño de leyes que vigilen y sancionen severamente a las autoridades que incumplan con sus funciones y convocó a la sociedad a denunciar todo tipo de delitos y a vigilar que las instancias públicas asuman su responsabilidad.
Sustentó que no es válido que la sociedad se acostumbre a vivir con miedo en un ambiente de indefensión favorecido por funcionarios corruptos, los que, aseguró, se deben sancionar con todo el peso de la ley.
Ángeles Valencia conminó a las víctimas de delitos sexuales a no tolerar ningún abuso por insignificante que éste sea y a exigir en sus respectivos centros de labores la implementación efectiva de procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento, acoso y abuso sexual que se derivan del “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”.
Se pronunció por impulsar mayor educación sexual en las escuelas, principalmente en el seno familiar porque muchas de las personas que comenten delitos sexuales son familiares cercanos a las víctimas, pero los padres no los denuncian por temor al escándalo público.
