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BUSCA PRD GARANTIZAR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 100 POR CIENTO

BUSCA PRD GARANTIZAR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL 100 POR CIENTO

22 de Abril de 2014

Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas de la Ciudad de México, misma que busca sentar las bases legales para el desarrollo de una política pública que permita entregar agua potable al cien por ciento de la ciudadanía, de manera eficiente y en la cantidad necesaria.

Según información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de los 8 millones 851 mil habitantes, más de 2 millones y medio de capitalinos tienen un servicio de agua deficiente y de mala calidad, lo que representa que el 29 por ciento de la población tiene que recurrir a pipas y abastecimiento por tandeo.

En este sentido, Sierra Bárcena recalcó que su propuesta plantea entre sus principales puntos: reconocer el derecho humano al agua y la obligación del estado para garantizar este derecho, además establecer la obligación de los órganos de gobierno ejecutivo y legislativo local para generar y luego acatar un Programa Especial de Agua de Largo Plazo, con una proyectividad mínima de 10 años y reducir los costos administrativos el Sistema de Aguas en un diez por ciento para optimizar recursos eliminando la corrupción y las trabas burocráticas.

“Los intereses políticos de grupo y de corto plazo no deben ni pueden prevalecer sobre el interés general, que en este caso se materializa en llevar agua a todos los habitantes presentes y futuros de la Ciudad de México” enfatizó la legisladora perredista.

Agregó que la iniciativa propone que el Sistema de Aguas del Distrito Federal pase de ser un organismo desconcentrado a uno descentralizado, lo que implica mayor autonomía operativa y de gestión, permitiendo que el Sistema de Aguas, y no la Secretaría de Finanzas, maneje en forma directa los ingresos provenientes de derechos por suministro de agua de los contribuyentes.

Además, la iniciativa propone un esquema en el que pagaran derechos más altos y recibirán menores subsidios los usuarios industriales, comerciales y domésticos de ingresos altos y medios alto de la capital; mientras que los usuarios domésticos de ingresos medios bajos y bajos tendrían subsidios mayores y un menor cobro de derechos por el suministro.