BUSCA PROTEGER A EMPRESAS DE NARCOIMPUESTO
03 de Noviembre de 2011
Huyendo del alto índice de inseguridad que existe en lugares como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León, más de 6 mil 500 empresas optaron por mudarse a la capital durante 2010, informó el presidente de la Comisión de Fomento Económico de la Asamblea Legislativa, José Alberto Benavides Castañeda.
La extorsión a empresas, comercios, restaurantes, puestos ambulantes o centros nocturnos va en aumento en el país, pues bajo amenazas de muerte la delincuencia organizada exige el pago de una renta semanal, quincenal o mensual, en efectivo o especie. “No debemos cerrar los ojos a esta realidad y hacer lo necesario para prevenirla en el Distrito Federal”, afirmó el también vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en 2003 se denunciaron más de mil extorsiones, mientras que entre 2007 y 2008, el número fue superior a 50 mil. El incremento de dicho delito, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, se ha acentuado en las ciudades de Tijuana, Baja California, Monterrey, Morelia, Michoacán, Matamoros, Reynosa, Saltillo, Tamaulipas, Torreón y Veracruz.
El estudio “Conciencia y Entusiasmo Joven”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló que grupos delincuenciales exigen a pequeñas y medianas empresas por “derecho de piso” o “venta de protección”, cantidades que van de los mil a los 500 mil pesos mensuales.
Los empresarios afectados, dijo el legislador petista, prefieren cerrar sus negocios, que representan importantes fuentes de trabajo. “Más de 200 mil empleos se han perdido por esta razón, según estadísticas del INEGI”, enfatizó Benavides Castañeda.
Como consecuencia de este inusual fenómeno migratorio, el Distrito Federal obtuvo una inversión adicional de mil 500 millones de pesos, según cifras de Coparmex.
Lo anterior, resaltó el legislador, “se debe a que tenemos una ciudad segura y nuestra obligación como autoridades y ciudadanos es mantener las condiciones para que esas empresas retomen su capacidad de producción, desarrollo y como proveedoras de empleo”. Recordó que la Asamblea trabaja ya en un plan de prevención para blindarlas de ese flagelo, en coordinación con la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Sedeco, organizaciones ciudadanas y empresariales.
