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BUSCAN ABATIR EXPLOTACIÓN LABORAL Y SEXUAL INFANTIL EN EL DF

BUSCAN ABATIR EXPLOTACIÓN LABORAL Y SEXUAL INFANTIL EN EL DF

19 de Febrero de 2014

A fin de impedir que siga en aumento la explotación laboral infantil en las calles, avenidas, espacios públicos y transporte en general, la Comisión de Grupos Vulnerables, que encabeza el diputado Jorge Zepeda Cruz, aprobó solicitar a los titulares de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) implementar operativos o mecanismos necesarios para impedir estas conductas en el Distrito Federal.

El diputado panista Orlando Anaya González expresó que se debe solicitar a los titulares de estas dependencias implementar estas medidas urgentes a fin de evitar que siga la explotación laboral y sexual infantil en estos lugares, atendiendo la normatividad establecida en el Código Penal del Distrito Federal.

Al hacer una reflexión de la propuesta original de la diputada Alejandra Barrios Richar, el perredista Alberto Martínez Urincho, señaló que este punto de acuerdo retoma dos conceptos importantes como la situación de la explotación infantil y la explotación laboral, aunque propuso realizar un mecanismo de acercamiento con las instancias correspondientes, porque en ocasiones, con el uso del derecho de la tutela de los padres, se dificulta conocer qué sucede con la patria potestad.

Lo anterior, dijo el diputado Martínez Uricho, debido a que se han hecho algunos operativos y acciones de gobierno que han tenido denuncias en su contra porque los padres han reclamado esos derechos civiles, como la patria potestad o tutela. Por tanto propuso realizar mesas de trabajo y acercamientos con las áreas correspondientes, a fin de evitar una mala interpretación u opinión, que tenga otras implicaciones jurídicas.

Por otra parte, los diputados aprobaron diversas modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, con el objetivo de dar claridad y certeza jurídica a sus derechos de recreación y acceso a los programas sociales.