BUSCAN REFORMAR SISTEMA PENITENCIARIO DEL DF
07 de Febrero de 2013
Con el fin de sentar las bases para la elaboración de una nueva ley del sistema penitenciario, que permita una mayor gobernabilidad, capacitación de funcionarios y custodios, abata la sobrepoblación y la corrupción y se garantice la autosuficiencia a través de la participación de la iniciativa privada, la Comisión Especial de Reclusorios, que preside la diputada Olivia Garza de los Santos, realizó el Segundo Foro “Hacia una Ley Penitenciaria para el Distrito Federal”.
Durante la inauguración del foro, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que ya existe un plan de trabajo para generar las condiciones de respeto a las garantías individuales de las personas que purgan una condena y se está buscando la profesionalización de los custodios.
“Este foro es trascendental y relevante para la Ciudad de México porque coadyuvará a una revisión legal, a fin de crear una nueva ley en esta materia, que será ejemplo para el resto del país, ya que permitirá una mayor gobernabilidad, profesionalismo y seriedad”, aseveró.
Por su parte, el coordinador del GPPAN, Federico Döring Casar, señaló que el foro es un espacio para compartir reflexiones sobre la situación en los reclusorios, lo cual permitirá aterrizar una política que ayude a subsanar los problemas que se registran en los penales del Distrito Federal.
La líder de la fracción del PT, Miriam Saldaña Cháirez, comentó que abrir espacios de discusión para que expertos aporten sus experiencias es relevante, pero no se debe dejar de lado la participación de la ciudadanía, porque sus testimonios son importantes.
Indicó que su partido tiene un compromiso por el respeto de los derechos humanos, por ello ha presentado iniciativas como el uso brazaletes, aunque, dijo, es necesario organizar las bases para tener una ley penitenciaria que incluya la reinserción social.
“El sistema penitenciario ya está agotado porque no se tienen los suficientes elementos para garantizar los derechos humanos dentro de las prisiones, por lo que resulta necesario la intervención de la iniciativa privada, a fin de contribuir a garantizar trabajo a los reclusos”, sostuvo el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez.
En tanto, el legislador de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco Oliva, subrayó que la realización del foro es un acto promisorio, que convoca a la participación de todos los sectores, que tienen que ver son la solución de un problema tan complejo como son los reclusorios. “Que nuestra participación se exprese de forma clara para aportar soluciones y comprometernos seriamente”
La subsecretaria de Reclusorios del Gobierno capitalino, Mayela Almonte Solís, explicó que después de un diagnóstico se determinó que el sistema penitenciario está desarticulado y existe un abandono de 25 años. “Se detectaron serios problemas de corrupción y sobrepoblación, por lo que hoy en día se está elaborando un proyecto integral para resolver el problema en lo general”.
Actualmente, aseguró, se hacen revisiones diarias y se está depurando a servidores públicos y custodios, a través de evaluaciones y controles de confianza.
Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, Luis González Placencia, destacó la importancia de atender esta problemática con una nueva actitud, “no sólo se trata de elaborar una nueva ley, es importante el reconocimiento de la problemática y las ganas de resolverla”.
Finalmente, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, consideró la necesidad de trazar acciones contundentes para que se respeten los derechos humanos en los penales. “La mejor forma de garantizarlos es la participación de la gente”.
Durante el foro se realizaron tres mesas donde se abordaron los puntos: 1) centros de readaptación social autofinanciables y un modelo de nula circulación de dinero al interior de los penales; 2) administración del tiempo de los internos en actividades concretas, ocupación enfocada a la reinserción social; y 3) derechos humanos y salud en los centro de readaptación del Distrito Federal.
