CALIFICAN DE ACTO FASCISTA REGULACIÓN DE MARCHAS
29 de Septiembre de 2013
Al rechazar tajante cualquier regulación de las marchas, el diputado Alejandro Ojeda declaró que este derecho además de ser un mecanismo de libertad para salir a la calle y hacer un reclamo a autoridades o gobiernos, es instrumento de democracia participativa.
Agregó que los ciudadanos a través de las marchas y libre manifestación pueden expresar su sentir sobre cualquier asunto público, de tal manera que es tan importante como el derecho a votar y ser votado, incluso tan significativo como una consulta pública.
Por todo lo anterior, dijo, representa una actitud fascista pretender limitar la vía pacífica de la manifestación y la movilización, derechos constitucionales que las fuerzas democráticas y de izquierda defenderemos hasta las últimas consecuencias.
Mencionó que la crítica de la derecha encabezada por el líder panista, Gustavo Madero Muñoz, así como de los priistas, contra las movilizaciones y marchas, es porque pretenden limitar las acciones ciudadanas en contra de iniciativas legislativas que van en detrimento de los intereses nacionales.
En las verdaderas democracias, aseveró, las manifestaciones públicas, antes que prohibirlas, se garantizan y protegen por el Estado.
El asambleísta del PRD explicó que en las marchas o manifestaciones públicas, convergen varios derechos humanos, el primero de ellos es el de reunión, contemplado en el Noveno Constitucional, donde se protege cualquier concentración de personas, ya sean en privado (una fiesta en casa) o bien, que se den cita una multitud en un lugar público y de uso común.
Indicó que en el supuesto de que sea un lugar público, converge el derecho de la libertad de expresión, (Sexto Constitucional), es decir, se puede manifestar o expresar lo que se desee y sin que exista censura previa.
Abundó que el Noveno Constitucional a la letra dice: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad”.
El diputado Alejandro Ojeda dijo que en dicho supuesto se hace consustancial que la manifestación se pueda llevar a cabo ante la Autoridad, entendiéndose que sea ante las oficinas fuera o dentro de ellas, sin que la Constitución establezca impedimento alguno.
Evidentemente, apuntó, ante este derecho se pretende argumentar una supuesta colisión con el de libertad de tránsito, contemplado en el 11 Constitucional, siendo que este derecho garantiza que las personas en México puedan trasladarse de un lugar a otro sin que existan restricciones o requisitos de salvoconductos, como ocurría en la Alemania Nazi, o en otros Estados fascistas.
Sin evadir el riesgo de ser malinterpretado o de plano linchado por su posición, el legislador local dijo que quienes desconocen el Derecho Constitucional, piensan que la libre manifestación choca con la libertad de tránsito, lo que no ocurre así, en virtud de que protegen ámbitos completamente distintos.
Insistió en señalar que las intenciones de regular las marchas imponiendo más requisitos que la Constitución, solo vienen a ser intentos fascistas para evitar que el pueblo pueda exclamar su sentir sobre los asuntos que son de interés de todos.
Lamentó que la discusión de si se regula o no las marchas en la Ciudad de México, ha dejado de lado la problemática real de la educación, porque la reforma parcial promovida por el Gobierno Federal pretende culpar sólo a los maestros, lavándose las manos de la desatención que se dio durante todos estos años de neoliberalismo, donde los mentores como el resto de la sociedad han visto decaer su calidad de vida a niveles realmente lamentables.
Expresó que la problemática de la educación no es responsabilidad de los maestros, sino de más de 30 años de crisis económicas, que sólo han concentrado riqueza en unos pocos; de un entramado burocrático y de un sistema corporativo tolerado y fomentado por el PRI y el PAN que permitieron el cacicazgo de un puñado de líderes a costa del detrimento salarial de la mayoría del magisterio.
Aludió que de acuerdo con una encuesta de Parametría, el 70 por ciento de los mexicanos justifican las marchas como una forma de expresión pública ante la cerrazón de las autoridades para resolver los problemas del país, y prueba de ello es que el 80 por ciento de las movilizaciones en la Ciudad de México tienen su origen en demandas registradas en el interior de la república.
