CARECE MÉXICO DE PROGRAMA PARA REINSERTAR A LAS VÍCTIMAS DE TRATA
31 de Julio de 2014
En el marco del Día Internacional Contra la Trata de Personas, la legisladora Miriam Saldaña Cháirez aseveró que se carece en México de un programa integral de desarrollo que brinde a las víctimas de trata, la oportunidad de constituirlas nuevamente en la sociedad, familia y comunidad.
Se pronunció por rescatar a las víctimas de la delincuencia organizada y reinsertarlas a su ámbito social y económico, por lo que solicitó de manera urgente a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Desarrollo Social, ambas del Distrito Federal, un informe detallado sobre las acciones y avances realizados en la materia.
El seguimiento para reinsertarlas en la sociedad es limitado, se les asesora legal y psicológicamente, pero se carece de un programa integral de desarrollo, que les brinde la oportunidad de constituirlas nuevamente en la sociedad, por lo que quedan sujetas al desamparo institucional, resaltó Saldaña Cháirez, Presidenta de la Comisión de Vivienda en la ALDF.
La trata de personas es un delito en el que se utiliza a las víctimas para explotarlas en la pornografía, prostitución, laboralmente o se abusa de ellas en otras formas. Todos podemos ser víctimas, pero son más vulnerables las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como, las personas migrantes, subrayó.
La OIT destaca que la trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo, seguido del tráfico de drogas y de armas, con ingresos estimados en 32 millones de dólares. De igual modo, se calcula que internacionalmente, 2.4 millones de personas son víctimas de trata en condiciones de explotación sexual, señaló.
La Ciudad de México es identificada como un lugar de tránsito y destino de las redes criminales de trata. De acuerdo a la ONU existen más de 80 mil niñas y niños en esta situación; mientras que la CDHDF, durante el Informe del Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en el DF, acentúa que la cifra supera los 20 mil infantes explotados, informó la diputada.
Saldaña Cháirez, indicó que en el DF cerca del 35 % de las niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente, se encuentran de los 12 a 14 años. Lo anterior puede ser consecuencia de la transición de niños a adolescentes lo que permite sea un factor predominante para que se cometa el abuso por parte de los victimarios, subraya el segundo informe de la PGJDF de este año.
Según el Diagnóstico Humman Traffcking Assesment Tool, de la American Bar Association (ABA), en México existen, detectadas, 47 bandas dedicadas a la trata de personas, para su explotación sexual. Las entidades con mayor índice de riesgo son: Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Quintana Roo, apuntó la legisladora.
México es el segundo país que más víctimas provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situación de trata, con cualquier fin. Más de 30 mil menores son víctimas de explotación sexual, de los cuales el 80 % oscila entre los 10 y 14 años de edad, a decir de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, mencionó.
Esta conducta delictuosa, afecta cada año a 3.5 millones de personas aproximadamente, especialmente mujeres, 90 % de ellas adolescentes y niñas, además, es el segundo ilícito en el mundo en aportación de recursos al crimen organizado, con más de 42 mil mdd anuales, por debajo del narcotráfico, apuntó.
A partir de las reformas de 1993, al artículo 20 de nuestra Carta Magna, se elevaron a rango Constitucional los derechos de las víctimas, y en el año 2000 se incorporó el apartado B, denominado “De la Víctima o del Ofendido”; actualmente, los servicios victimológicos proporcionados por las procuradurías y algunas instituciones públicas y privadas, son insuficientes y, en algunos casos, deficientes, dijo Miriam Saldaña.
La victimización puede provocar daños severos, ya que trasciende a lo más profundo de la integridad personal, no solamente en el aspecto físico, sino en el estado emocional, alcanzando las relaciones sociales y familiares, situación económica y hasta jurídica, en la mayoría de los casos, estimó.
El quehacer legislativo debe estar encaminado al fortalecimiento de las políticas sociales, para generar condiciones, no sólo para prevenir y erradicar el delito de trata de personas, sino para coadyuvar a la creación y aplicación de programas que protejan a las víctimas de este delito, que vulnera, agravia, quebranta y flagela a la humanidad, finalizó.
