CELEBRA CANCELACIÓN DE PROYECTO CARRETERO ARCO SUR
08 de Diciembre de 2011
En seguimiento a la Queja sobre el Arco Sur (CNDH/4/2011/6762/Q) presentada el 12 de agosto del presente año, por diversos coordinadores territoriales, subdelegados, representantes comunales y ejidales de los pueblos originarios de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Magdalena Contreras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos celebro una reunión de trabajo con la participación de funcionarios públicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así como un grupo de peticionarios acompañados de los diputados María de Lourdes Amaya Reyes y Horacio Martínez Meza.
La reunión se realizo con el propósito de establecer acuerdos entre las partes, por el conflicto generado por los estudios técnicos preliminares del proyecto carretero Arco Sur, toda vez que se pretendía la construcción de una autopista de seis carriles y 62 kilómetros de longitud, entre el entronque La Venta, sobre la autopista México-Toluca, la autopista México-Cuernavaca a la altura de Topilejo y la autopista México-Puebla; lo cual hubiera generado un fuerte impacto ambiental en la Zona.
En la reunión de trabajo los funcionarios de la SCT, Lic. Julio Cesar Orozco Posadas, Subdirector Jurídico de la Dirección General de Carreteras, el Ing. José María Cimbres Castillo, Director General Adjunto de Proyectos y el Ing. Alberto Cortes Arias, Director Técnico en la Dirección General de Carreteras, a nombre del Ing. Clemente Poon Hung, Director General de Carreteras de la Subsecretaria de Infraestructura, suscribieron el acuerdo en el que “comprometen y obligan a que de surgir en un futuro el proyecto [Arco Sur] u algún otro que pretenda realizar esta Secretaría y que afecte los intereses de los agraviados [pueblos originarios] se llevaran a cabo la consulta previa, tal y como lo previene el articulo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, que por estar suscrito por México y ratificado por el senado de la republica es de observancia obligatoria, según los disponen los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados María de Lourdes Amaya Reyes y Horacio Martínez Meza, celebraron la decisión de la SCT y la calificaron de histórica, ya que por primera vez en el Distrito Federal, se logra frenar un proyecto de esta envergadura por la vía de una Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también aseveraron que esta decisión debería ser tomada como ejemplar, en otros proyectos, donde ha prevalecido la cerrazón y las decisiones unilaterales, sin consultar a los pueblos originarios.
