En la Ciudad de México se combate el delito con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos
06 de Abril de 2016
· Ante diputados de la Asamblea Legislativa, expone Rodolfo Ríos Garza, procurador de Justicia, que la denuncia ciudadana es necesaria para enfrentar la delincuencia
Los derechos humanos son fundamentales para la impartición de justicia y su respeto está presente en las acciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para disminuir la incidencia delictiva, incrementar su prevención, ofrecer seguridad a la población, mantener la vigencia del orden jurídico y garantizar el estricto cumplimiento de la cultura de la legalidad.
El procurador Rodolfo Ríos Garza expuso lo anterior y precisó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en respuesta a los cuestionamientos que le hicieron diputados de los grupos parlamentarios que la integran, que en la Ciudad de México no operan grupos de la delincuencia organizada, así lo avalan la Secretaría de Gobernación (SEGOB) federal y la Procuraduría General de la República (PGR), y que no se tolerarán actos cometidos en marchas y manifestaciones públicas que deriven en delitos o afectaciones a terceros, cobijados en el ejercicio del libre derecho a expresarse.
Al comparecer para rendir su cuarto informe de actividades al frente de la procuraduría, que comprende del 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016, resaltó como logro principal la reducción de 11.3 por ciento en los delitos considerados de alto impacto, lo cual, dijo, es una muestra clara y contundente de que se transita por el camino correcto para otorgar seguridad a la ciudadanía.
En su exposición precisó que ese avance se percibe también en el descenso de 1.8 por ciento en robo a empleados repartidores, 5.9 por ciento en robo a negocios y 6 por ciento en robo a casa habitación; la disminución de 8.6 por ciento en secuestro, 10.5 por ciento en robo a transportistas, y 13.1 por ciento en pasajeros de taxis; el descenso de 13,5 por ciento en robo a transeúntes en vía pública, la baja de 15.3 por ciento en microbús, y la disminución de 18.3 por ciento en la comisión de delito de robo de vehículos.
En la procuraduría se ha puesto especial atención, desde el inicio del gobierno de Miguel Ángel Mancera, a ilícitos que atentan contra valores y bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la trata de personas. Como resultado de las acciones emprendidas, Rodolfo Ríos Garza mencionó que mediante 201 operativos se rescató a 371 víctimas y se detuvo a 209 presuntos responsables.
En cuanto al narcomenudeo se iniciaron mil 558 averiguaciones previas habiéndose detenido a dos mil143 personas y consignado a mil 243 ante las autoridades jurisdiccionales.
Se iniciaron 871 indagatorias por el delito de homicidio doloso y se ejerció acción penal en 326 casos y a 417 probables responsables se les consignó penalmente.
En el el año de referencia, se dotó a la Fiscalía Antisecuestro de nuevo equipo para fortalecer las tareas de investigación y combate a este delito, lo que permitió la desarticulación de 19 bandas integradas por 83 personas; se rescató a 53 víctimas y se consignaron 95 averiguaciones previas y 219 probables responsables.
El procurador General de Justicia del Distrito Federal manifestó a los diputados que está consciente de que la sociedad exige redoblar esfuerzos en la lucha contra el delito, pero, aclaró, la autoridad no puede hacer nada si no se presentan las denuncias, lo que implica la cooperación de la ciudadanía para hacer más eficaces las políticas que a
favor de la seguridad pública aplica el gobierno.
Como parte de la comparecencia los grupos parlamentarios expusieron sus posicionamientos, que estuvieron encaminados a exhortar al funcionario a realizar acciones contra la delincuencia, la corrupción, delitos por robo, trata de personas, violación, secuestro y promoción de la cultura de la denuncia.
Los diputados aplaudieron la aplicación, en la procuraduría, de herramientas virtuales para lograr mayor vinculación con la ciudadanía a través del portal de internet, como el Ministerio Público MP Virtual y MP Transparente, la Denuncia Anónima, SAT Web 2.0, y el aplicativo móvil PGJCDMX.
Asimismo, los diferentes grupos parlamentarios invitaron al procurador a trabajar en un marco normativo junto con la Asamblea Legislativa, rumbo a la implementación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial.
Por el Partido Encuentro Social (PES), Carlos Alfonso Candelaria López demandó transparencia total para rendir cuentas sobre la seguridad y procuración de justicia, ya que los resultados y la percepción ciudadana reflejan altos niveles de desconfianza, que no son equiparables con el gasto que emplea.
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que 7 de cada 10 personas perciben que el lugar donde viven es inseguro. Comentó también que es lastimoso que la impartición de justicia no beneficie a todas las víctimas y que sólo los delitos con fuerza mediática logren consignarse, dejando ver que hasta en la procuración de justicia existen exclusiones.
En representación de la coalición parlamentaria de los partidos del Trabajo (PT), Nueva Alianza (PANAL) y Humanista (PH), José Alberto Benavides Castañeda señaló que el principal reto que tiene la procuraduría es recuperar la confianza de la ciudadanía para poder hablar de un Estado de Derecho y garantizar el óptimo cumplimiento de la legalidad, la certeza y la protección de la dignidad humana.
Agregó que a pesar de la incorporación de tecnologías en los sistemas de denuncia, no es posible hablar de un desarrollo económico sustentable ni mucho menos de avance tecnológico verdadero y útil si no existen condiciones dignas de convivencia que aseguren el cumplimiento de las leyes y el ejercicio de la justicia.
Por el Partido Movimiento Ciudadano, su coordinador, Jesús Armando López Velarde Campa, indicó que la procuración de justicia es un asunto vital. Destacó que los delitos que más perciben los ciudadanos como robo de vehículos, a usuarios del transporte público, casa habitación o negocios, con o sin uso de violencia, hayan sido reducidos en un 11.31 por ciento.
Pero, aún así, falta mayor presencia de la policía de investigación para inhibir el delito y redoblar esfuerzos en el área policial y ministerial.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Antonio Xavier López Adame, destacó la implementación por parte de la procuraduría de Justicia de una modalidad tecnológica para regular y reducir la brecha entre la percepción ciudadana y la realidad en términos de justicia y seguridad.
Y, respecto de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales, en materia de protección urbana, comentó que se ha tratado de buscar la forma de que los ciudadanos se comprometan a la protección de nuestros recursos naturales. A pesar de estos esfuerzos, indicó, esta legislación ambiental prácticamente no se aplica.
La diputada Mariana Moguel Robles, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), en la que sobresale que para los habitantes de la Ciudad de México las dos principales razones por las que la ciudadanía no denuncia un ilícito, son pérdida de tiempo y desconfianza hacia las autoridades.
Abundó que el 73 por ciento de los encuestados mayores de 18 años, declaró tener poca o nula confianza en el Ministerio Público y, a efecto de combatir esta realidad, instó a trabajar en las reformas pendientes a través de las instituciones y de leyes para atacar las deficiencias de los órganos policiales y brindar mayor seguridad y justicia.
Al hacer uso de la Tribuna, el diputado José Manuel Delgadillo Moreno del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que es evidente la presencia de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Respecto de la Ley de Extinción de Dominio recordó que ya se han iniciado juicios en relación con delitos cometidos por delincuencia organizada.
Además, coincidió en que es impostergable la modernización del sistema de procuración e impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes adecuadas.
El diputado José Manuel Ballesteros López, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza son en las que se presenta una menor disminución en la incidencia de delitos de alto impacto.
En cuanto a la oportuna y eficaz intervención de la procuraduría, se han logrado rescatar a 32 niñas y niños gracias al Programa Alerta Amber. Con acciones como ésta se continúa salvaguardando los derechos de este sector vulnerable, estableció.
Finalmente, la diputada Beatriz Rojas Martínez dijo que para el Partido MORENA es de suma importancia escuchar al ciudadano. Asimismo, pidió conocer cuáles han sido las principales acciones que se están aplicando en el combate a la corrupción dentro de los ministerios públicos.
Manifestó su preocupación por el incremento paulatino de feminicidios. En ese sentido, demandó aplicar medidas preventivas y protocolos de actuación que eviten que esta situación se agrave y conlleve a la necesidad de activar una alerta de violencia de género en esta ciudad.
