Coinciden ALDF y Gobierno Local en revisar viabilidad de separar la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
28 de Julio de 2016
29 de Julio de 2016
boletín #577
• Propone el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, elevar a fiscalía la unidad especial de atención para delitos contra periodistas
• Legisladores cuestionan a secretaria de gobierno de la Ciudad de México en materia de incremento de agresiones en contra del gremio periodístico e investigación del caso Narvarte
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, coincidieron en revisar la viabilidad de separar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de garantizar la seguridad de ambos gremios, pilares para democracia en la capital del país.
Durante la Mesa de Trabajo con la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, solicitada ante la Diputación Permanente por los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y la Especial de Atención a Periodistas, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, propuso generar una serie de reuniones de trabajo entre diputados, gobierno y periodistas que les permitan generar mejores condiciones para el gremio y definir incluso al o la responsable de la dirección del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas.
Con el compromiso de no sólo tener una ley de vanguardia, sino que también de tener elementos suficientes que permitan generar las mejores condiciones a los trabajadores de la información y de la comunicación, solicitó elaborar una reforma al Reglamento interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para elevar a fiscalía la instancia de agresión o delitos contra periodistas.
Por su parte, Mercado Castro, precisó a los legisladores que la protección a las personas defensoras y periodistas no constituye un privilegio ni un tratamiento especial, pues los derechos de petición, libre expresión, asociación, entre otros, implican una cadena de acciones individuales y colectivas que constituyen un ambiente democrático.
Detalló que a través del mecanismo de protección, emanado del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Implementación de un Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, Colaboradores Periodísticos, así como a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Situación de Riesgo con Motivo del Ejercicio de sus Actividades firmado en 2012, se han atendido 87 casos, de los cuales 30 por ciento corresponden a defensores y periodistas residentes en la Ciudad de México, mientras que 70 por ciento llegaron huyendo de ataques o amenazas en otras en otras entidades federativas.
Asimismo, aclaró que la operación del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas no se ha cancelado ni suspendido en ningún momento y que es obligación del gobierno de la Ciudad de México construir las siguientes etapas para darle plena visibilidad institucional al mecanismo que hoy tiene carácter de ley.
En tanto los diputados cuestionaron a la titular de la Secretaria de Gobierno, en materia de los recursos otorgados para la implementación del organismo descentralizado, así como la forma en la que serán fiscalizados los recursos asignados, los avances del caso Narvarte y los protocolos existentes para evitar agresiones no sólo contra periodistas sino también quienes se involucran en manifestaciones sociales.
En representación del gremio, el periodista Salvador Estrada, solicitó a Patricia Mercado acuerdos y avances conjuntos, sin decisiones unilaterales, “no queremos estar por encima de quienes defienden los derechos humanos, pero tampoco por debajo ni que considere que las necesidades son similares, no lo son ni siquiera entre quienes promueven la defensa a la libre expresión, el ejercicio del periodismo y libre expresión parecen lo mismo, no lo son, hay diferencias y cada uno requiere una protección y defensa distinta” sostuvo.
En respuesta la Secretaria de Gobierno, se comprometió a revisar el tema de los recursos otorgados para el fondo de protección y la estructura del mecanismo; mientras que negó que en el caso Narvarte no existan avances, ya que a la fecha tienen a tres detenidos por el homicidio de cinco personas.
Finalmente dijo que en la Ciudad de México el protocolo de atención para control de multitudes en la Secretaría de Seguridad Pública, está basado en la protección a derechos humanos, con periodistas y con los mismos manifestantes; además de que existe una mesa en la Comisión de Derechos Humanos local, organizaciones y la Secretaria de Seguridad Pública para mejorar el protocolo existente.
