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COMBATE TOTAL A LA CORRUPCIÓN Y COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA



24 de Marzo de 2015

Boletín # 060

• Presenta contralor general del DF, Eduardo Rovelo Pico, informe anual de labores ante el Pleno de la ALDF

• Recuperación de 123 millones 400 mil pesos por penas convencionales impuestas a contratistas por incumplimiento, y sanción de 2 mil 148 funcionarios

• Cuestionan legisladores resultados de auditorías a Línea 12


Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el contralor general del DF, Eduardo Rovelo Pico, afirmó que el gobierno de la Ciudad de México no tolerará ningún acto de corrupción ni de conflicto de interés en el servicio público. Destacó que el trabajo de la dependencia a su cargo es pieza clave para la dignificación de las instituciones y la recuperación de la confianza ciudadana.

Reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y con el deber de atender cualquier demanda de la ciudadanía de forma clara y transparente, para lo cual, dijo, la Contraloría General, con una visión a futuro, desarrollará sus funciones sustantivas con un enfoque preventivo, conciliador y de acompañamiento, a fin de mejorar las acciones de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia en los organismos e instituciones de la administración pública.

Manifestó que “la Contraloría General es pieza fundamental para la dignificación de las instituciones, lo que permitirá construir una cultura que fortalezca los cimientos de la Ciudad de México y que ayude a recuperar la confianza de sus habitantes”.

Al rendir su informe anual de labores ante diputados de la ALDF, el funcionario destacó que la Contraloría General logró recuperar 123 millones 400 mil pesos, derivado de las penas convencionales que se impuso a contratistas que incumplieron en la ejecución de obras públicas, en delegaciones y órganos desconcentrados.

Asimismo, dio cuenta que de abril 2014 a marzo 2015 fueron sancionados 2 mil 148 funcionarios; se aplicaron 2 mil 216 sanciones, 133 apercibimientos, 930 suspensiones, 342 inhabilitaciones, 684 amonestaciones, 73 destituciones -54 de ellas incluyeron inhabilitación- y 212 sanciones económicas.

En el periodo que se informa, indicó, se cumplieron 475 auditorías de recursos locales y federales en dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, lo que representó un incremento del 5% respecto al periodo inmediato anterior. De las auditorías practicadas, se generaron mil 350 observaciones, de las cuales 963 fueron administrativas y 387 económicas. Los entes auditados solventaron 513 observaciones, 450 se encuentran pendientes de solventar y 387 no fueron solventadas. Además, se generaron 5 mil 406 recomendaciones, de estas, 2 mil 433 fueron preventivas y 2 mil 973 correctivas.

En las dependencias y órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, se realizaron 4 mil 262 acciones de verificación que se tradujeron en un ingreso por 358 millones de pesos, por concepto de penas convencionales.

Sobre los avances en las intervenciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo informó sobre la conclusión de la auditoría 20G, cuyo objeto fue verificar las especificaciones técnicas del sistema de vías, compatibilidad rueda riel y su mantenimiento, así como la mala ejecución de la obra.

De ésta, puntualizó, derivaron 16 observaciones que, en su caso, deberán ser solventadas en un plazo de 45 días hábiles, de no hacerlo, la Contraloría emitirá los dictámenes técnicos, que sustenten el inició de Procedimientos Administrativos Disciplinarios en contra de los servidores públicos.

Agregó que en estos casos es previsible que se acrediten daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Distrito Federal, incluso en montos muy elevados, por lo que a efecto de que el Gobierno de la Ciudad obtenga una efectiva reparación de los daños, por conducto de los servidores públicos sancionados y de las empresas particulares involucradas, se presentarán las solicitudes de procedimiento resarcitorio, con base en el Código Fiscal del Distrito Federal. “La finalidad es obtener la indemnización por parte de las empresas. Este hecho será inédito y como estrategia jurídica serán garantizados los recursos públicos utilizados pero no justificados”, señaló.

Además, dijo, se encuentra en curso la auditoría 21G, que revisa los pagos derivados de los contratos del proyecto integral de la Línea 12, así como la entrega-recepción, finiquito y el contrato de certificación de la obra.

En la actividad adicional 15G. Se revisan los procesos de adjudicaciones directas y licitaciones correspondientes a 74 procedimientos realizados por el Proyecto Metro, en los ejercicios fiscales 2008 al 2014.

Respecto a las 16 Delegaciones que ejercen recursos federales, refirió la realización de 48 revisiones a obras que han generado 216 recomendaciones, de las cuales fueron atendidas 116 y 100 se encuentran pendientes.

De igual forma, reportó la realización de verificaciones a 199 programas sociales, para comprobar que el beneficio del programa se entregó al sector de la población, al que se encontraba dirigido.

Destaca la revisión a la seguridad y mantenimiento de tanques de gas estacionarios; igualmente en el caso de los servidores públicos que indebidamente otorgaron el uso de la Capilla Británica en la delegación Cuauhtémoc, siendo éstos últimos sancionados con la suspensión en su empleo.

En relación con Jesús Salvador Valencia Guzmán, entonces Jefe Delegacional de Iztapalapa, se inició la investigación correspondiente para determinar el posible conflicto de intereses con la empresa relacionada ejecutándose de inmediato diversas acciones para determinar, si existen irregularidades en su desempeño como servidor público, de manera particular, los procedimientos de adjudicación de contratos a esta empresa.

De las diligencias que se han efectuado, se cuenta con un análisis de su evolución patrimonial, y se solicitó información diversa a la aseguradora GNP y a la Dirección General de Administración de la Delegación Iztapalapa, con la finalidad de contar con los elementos necesarios, para en su caso, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, además de que, por cuerda separada, la fiscalía para servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se encuentra integrando la investigación correspondiente.

Lo anterior, subrayó, el contralor general, bajo la instrucción del Jefe de Gobierno de no tolerar ningún acto de corrupción ni de conflicto de intereses en el servicio público, así como atender cualquier demanda de la ciudadanía de forma clara y transparente.

Resaltó también el caso de las luminarias y los contratos celebrados con la Empresa Planet Ingeniería. Al respecto, añadió que la Contraloría General lleva a cabo una investigación en la que compareció el ex secretario de Obras y Servicios, además de que serán citados todos los servidores públicos que tengan que ver con este caso.

Con respecto a las Responsabilidades y Procedimientos Administrativos Disciplinarios, iniciados a los servidores públicos que incurren en irregularidades e incumplimiento de las normas mencionó que fueron sancionados 2 mil 148 servidores públicos con 2 mil 216 sanciones; 133 fueron apercibimientos, 930 suspensiones, 342 inhabilitaciones, 684 amonestaciones, 73 destituciones, 54 de éstas con inhabilitación y 212 sanciones económicas (incluyendo L 12).

Se han resuelto mil 673 procedimientos administrativos disciplinarios, 908 sancionados con resolución firme, lo que demuestra un crecimiento en comparación con el periodo inmediato anterior, en el que sólo se resolvieron 193.

Al fijar su posición sobre el informe presentado, la diputada independiente Bertha Alicia Cardona se refirió a la evaluación de profesionalización de las y los servidores públicos destacando el ingreso, profesionalización y capacitación, siendo un tema de gran relevancia para la ciudadanía, ya que se debe contar con los mejores criterios para la realización de las evaluaciones de aspirantes, así como la actualización de servidores públicos. Con la aplicación de estas evaluaciones se ayuda a consolidar la seguridad institucional desde una perspectiva de gestión pública eficaz.

A su vez, el diputado del Partido del Trabajo, Rodolfo Ondarza, dijo que del informe presentado se desprenden importantes avances en la instrumentación de acciones que previenen que se tomen decisiones que atenten contra los intereses de la ciudad

Reconoció el incremento del 13 punto cinco por ciento en la recepción de declaraciones patrimoniales de servidores públicos. Asimismo, dijo que se observa un incremento en servidores públicos sancionados con la inhabilitación o destitución, pero que se debe seguir privilegiando más que las acciones punitivas, acciones preventivas y dotar de mayores instrumentos a la ciudadanía para que coadyuve con las labores de la Contraloría.

A nombre del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Karla Valeria Gómez destacó que es posible constatar avances en el informe en materia de realización de auditorías internas y revisiones, fiscalización de recursos federales, responsabilidades y procedimientos administrativos supervisión y regulación administrativa de contrataciones, tecnologías de la información.

La legisladora hizo énfasis en las omisiones destacadas por la Contraloría respecto a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, debido a que las autoridades no verificaron la realización de los trabajos, autorizaron pagos indebidos, así como construcciones fuera de la norma, y omitieron aplicar sanciones y penalizaciones en términos de los contratos celebrados.

Asimismo, expresó que los logros que se han alcanzado no deben de ser excusa para omitir la acción de la autoridad en los escándalos de corrupción que se han suscitado en la capital, y dar cumplimiento al compromiso del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de no dar espacio a la corrupción en la administración pública de la Ciudad de México.

Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alejandro Piña Medina, hizo un reconocimiento al trabajo realizado por contralor general del DF y refirió como temas relevantes el fortalecimiento de la fiscalización porque más allá del 5 por ciento que muestran las auditorías practicadas por las contralorías internas, en el tema de las observaciones se registró un decremento de un 25 por ciento y dentro de ese rubro las administrativas presentaron una reducción de 22 por ciento, mientras que las económicas están en el rango de menos 32 por ciento.

“Ello indica que a través del trabajo de fiscalización se han puesto en marcha mejores prácticas en el servicio público a través de las cuales se ha evitado generar observaciones y con ello perjuicio a la ciudad”, expresó.

No obstante, consideró que en cuanto a las recomendaciones generadas durante el periodo, se deben redoblar las acciones correspondientes, de manera que las medidas preventivas representen más que las correctivas.

En tanto, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, mencionó que a pesar de los esfuerzos palpables realizados por el gobierno del Distrito Federal para eliminar este cáncer que radica como “ADN” en varios funcionarios de la ciudad, la corrupción no ha logrado abatirse como se quisiera. Por el contrario, apuntó, persiste y parece invadir diversas acciones y esferas de la Ciudad.

Tras hacer un reconocimiento al funcionario por el gran reto que tiene al frente de la Contraloría General y darle el voto de Acción Nacional, el legislador consideró que los números presentados en el reporte anual revelan que hay poco avance en la eficiencia o gestión gubernamental.

El diputado Jorge Gaviño, del Partido Nueva Alianza, calificó a la Contraloría del Distrito Federal como “elefante blanco”, por lo que se pronunció por su transformación y modernización, a fin de convertirla en una institución digna de los habitantes de esta Ciudad,

En su oportunidad, Cuauhtémoc Velasco Oliva, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, llamó la atención sobre la importancia de los trabajos de la Contraloría en el esclarecimiento de situaciones que han puesto en duda la credibilidad del Gobierno de la Ciudad. Específicamente, se refirió a esclarecer y fincar responsabilidades en casos como el de las presuntas irregularidades cometidas por el ex Secretario de Obras y Servicios del GDF, así como en el caso de los posibles ilícitos cometidos por el ex Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

El legislador cuestionó también sobre diversos aspectos relacionados con el actuar de la Contraloría en la situación de la Línea 12, toda vez que, externó, en algunas de las observaciones hechas en la Auditoría “18 G”, las cuales se sustentan en el incumplimiento de normas de construcción, mismas que son disposiciones generales aplicables a conceptos de trabajos, servicios, insumos materiales o maquinaria en forma genérica. Sin embargo, señaló, habría que recordar que cuando se establece una especificación para algún concepto en algún proyecto, prevalece la especificación sobre la norma, de forma que toda indicación particular en los planos o especificaciones del proyecto serán predominantes sobre las dos anteriores. En este sentido, Velasco Oliva preguntó por qué dichas observaciones tenían sustento en las normas y no las especificaciones del proyecto.

Al fijar la postura del PVEM, el diputado Alberto Cinta destacó la importancia de dar continuidad a las políticas implementadas por la anterior administración de la Contraloría y advirtió sobre el tema de la Línea 12 que “de no utilizarse este evento para aplicar sanciones ejemplares a funcionarios y empresas privadas que participaron en su construcción, la señal que se dará en contra del combate a la corrupción y la impunidad será muy nociva para la ciudad”.

En su mensaje final, Rovelo Pico refrendó que trabajará “con perseverancia, diligencia y honestidad, para dar certeza de que en la Contraloría General se salvaguarda el orden jurídico y la gobernabilidad, que son intereses de todos y cada uno de los ciudadanos”.