COMIENZAN NUEVA FASE EN DEFENSA DE MERCADOS
13 de Julio de 2011
El Presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, Rafael Calderón Jiménez anunció una nueva fase para defender a los mercados públicos, en la que se intensificará la labor informativa en torno a la Norma 29 y se expondrá la necesidad de contar con una ley que dote de competitividad a estos centros de abasto.
Tras confirmar su asistencia al edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde respaldará las demandas de locatarios contra la Norma 29, el legislador informó que entre los objetivos de estas acciones se encuentra anular la intención de la Secretaría de Desarrollo Económico local (Sedeco), con la que se integraría un nuevo padrón de locatarios, manipulable con fines electorales.
“Se está tratando de recredencializar a los locatarios para intentar tener un padrón actualizado, pero también un padrón a modo controlado por el Gobierno del Distrito Federal”, detalló Calderón Jiménez al citar documentos oficiales que plasman el descontento de los representantes de los mercados públicos, emitidos en las diferentes reuniones que han sostenido con funcionarios del gobierno capitalino.
“Los locatarios y el GPPAN plantearemos nuestra oposición al cambio de cédulas, debido a que al igual que los lineamientos emitidos por la Sedeco no fueron consensados ni discutidos en ningún momento con los principales involucrados”, agregó.
No obstante, señaló que la Norma 29 “es innecesaria, toda vez que, al no ser retroactiva, todas las cadenas y tiendas de conveniencia que se instalaron en los perímetros de los mercados públicos ya no pueden ser removidas, no obstante que la medida nace inconstitucional y, por lo tanto, lo único que va a provocar son malos manejos y mas corrupción”.
Otra de las demandas que se expondrán en las oficinas de Marcelo Ebrard, es que se descongele la Ley de Mercados para que sea revisada y “tomada con seriedad” por parte de la bancada perredista.
“Se necesita crear una Ley que cuente con el consenso de los locatarios, de las autoridades de Gobierno y de los legisladores, no emitir lineamientos y normas que sólo cuenten con el visto bueno, en este caso, de la Sedeco, y que a la larga sólo generan más lagunas jurídicas y más incertidumbre”, concluyó.
