La Comisión de Gobierno de la ALDF debe exigir se respeten las garantías individuales de sus propios trabajadores: Ana J. Ángeles
07 de Julio de 2016
- Por denunciar a funcionario del Instituto Electoral del Distrito Federal por acoso y abuso sexual, dan de baja a trabajadora de la ALDF
- Deben quedar a salvo los derechos humanos y laborales de las víctimas sexuales: AJAV
Retraso en investigación y persecución del delito sólo beneficia a los culpables; las víctimas, sin más, recienten daños en su dignidad
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), debe exigir se respeten las garantías individuales de seguridad jurídica, al trabajo, a la salud física y mental de toda mujer que haya sido víctima de discriminación, acoso y abuso sexual, así como de mobbing laboral, máxime si ésta labora dentro del órgano legislativo, sostuvo la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.
Destacó que es imperdonable que en el sitio donde se analizan, elaboran, discuten y aprueban leyes, algún funcionario violente los preceptos constitucionales y con ello los derechos humanos de sus propios trabajadores.
Citó el caso de la trabajadora Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista, quien luego de ser víctima de acoso y abuso sexual por parte de un funcionario del Instituto Electoral del Distrito Federal, el martes 5 de julio pasado fue informada, a través de una empleada, que ya no se presentara a laborar, que estaba despedida.
Recordó que Sierra Ocampo presentó una denuncia por acoso y abuso sexual en contra de Omar Hernández Cruz, asesor del Instituto Electoral del Distrito Federal y hermano del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Hernández Cruz y que, a raíz de la acusación formal en contra de éste, fue discriminada, acosada laboralmente y ahora destituida de su cargo.
Reveló que de enero a abril de 2014 se registraron 781 casos de acoso y hostigamiento sexual, de los cuales se desconocen los resultados de las averiguaciones previas, por lo que los responsables de la procuración y administración de justicia deberán redoblar esfuerzos para determinar y resolver sin exceder plazos que retrasen la verdad histórica de los hechos.
Ángeles Valencia señaló que es necesario reguardar los derechos humanos de las víctimas de delitos sexuales en el ámbito laboral y exigir que las garantías de seguridad jurídica, trabajo, salud, entre otras, se respeten y destacó que se deben buscar mecanismos que prevengan y protejan, de manera inmediata, casos de discriminación y toda forma de violencia hacia las mujeres.
Porque con la dilación, aseguró, se deja de garantizar el desarrollo de la investigación y persecución del delito beneficiando a los verdaderos culpables para dejarlos impunes y a las víctimas con las cargas emocionales que dañan su dignidad como personas, así como su salud física y mental.
Expresó que es injusto que “en casa del herrero, azadón de palo” y sostuvo que es vano censurar las acciones de otros cuando dentro de la ALDF se tienen los mismos defectos.
