COMPARECE CONSEJERO JURÍDICO ANTE COMITÉ DE PROMOCIÓN DE LEGALIDAD
16 de Abril de 2013
Durante la reunión de trabajo con el titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva Gálvez, los diputados integrantes del Comité para la Promoción y Seguimiento de la Cultura de la Legalidad, plantearon al funcionario sus inquietudes sobre la posible aplicación del trabajo comunitario para sancionar a conductores que violen el alcoholímetro; que acciones se tomarán para fortalecer los juzgados y el Registro Público de la Propiedad, entre otros temas.
El presidente del Comité, Erick Jiménez Hernández, comentó que con esta reunión de trabajo se busca establecer una línea de comunicación para compartir ideas y plantear acciones sobre los temas de la cultura de la legalidad.
En su intervención, el funcionario Amieva Gálvez mencionó que los temas principales son poder compartir iniciativas que permitan generar una cultura ciudadana, la preservación del orden público, la prevención del delito, atender e identificar las faltas a las leyes de Cultura Cívica, de Protección de Salud de los No Fumadores, de Publicidad Exterior, de Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos, entre otras.
El funcionario sugirió a los diputados del Comité armonizar todas las faltas relacionadas con la Ley de de Cultura Cívica, porque existen coincidencias y se basan en cuatro ejes principales: aquellas que atentan contra la dignidad de las personas, las que infringen contra la tranquilidad de las personas, las que atentan contra la seguridad ciudadana y aquellas relacionadas con el entorno urbano de la ciudad.
Afirmó que el programa del alcoholímetro prácticamente no tiene ningún vicio de corrupción y se tiene que cumplir la sanción inconmutable, expuso que de los amparos que se han presentado, el 99.8 por ciento los tienen ganados, por lo que los infractores tienen que regresar a cumplir la sanción.
Al referirse a las acciones que van a impulsar, comentó que buscarán simplificar administrativamente la reducción de tiempos y costos, tanto en la justicia cívica y a nivel consejería, así como poder incorporar el esquema de firma y folios electrónicos, en materia de Registro Civil; también utilizar las tecnologías de la información y cuadernillos temáticos de conductas cívicas e infografías en los juzgados.
Al iniciar la ronda de preguntas, el diputado Eduardo Santillán preguntó cómo fortalecer la labor de los juzgados cívicos, y cómo aplicar sanciones que se puedan cubrir con trabajo comunitario, en referencia al alcoholímetro. También recordó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Consejería Jurídica para la celebración de un convenio con las empresas de información crediticia a efecto de que el buró de deudores alimentarios pueda ser proporcionado a las instituciones de información crediticia.
En su oportunidad, el diputado Gabriel Gómez del Campo preguntó sobre el avance que se tiene en la digitalización de los folios reales y de los folios mercantiles del Registro Público de la Propiedad de Comercio. Respecto al alcoholímetro, cuestionó el escaso número de unidades móviles atendidos por los médicos legistas y los jueces cívicos, Recordó que realizó un recorrido, donde se percató que el operativo tenía la necesidad de trasladar gente de un punto a otro para ser atendidos; y dijo que si este programa es exitoso, deberían de invertirse más recursos para reforzarlo.
En tanto el legislador, Edgar Borja Rangel señaló que se debe trabajar de manera conjunta para la actualización de las leyes y en beneficio de todos habitantes del Distrito Federal, y cuestionó el programa integral de cultura ciudadana 2013-2018, el cual necesita mayor difusión.
En su oportunidad, la diputada Guadalupe Cortés Quiroz preguntó al funcionario sobre la existencia de convenios con las distintas demarcaciones para la implementación del trabajo comunitario, y cuáles serían los mecanismos y acciones en materia de movilidad.
Al responder el titular Amieva Gálvez dijo que para ayudar al funcionamiento de los juzgados cívicos se necesita una ciudadanía informada sobre sus obligaciones y derechos, una SPP o una policía que presente en el momento y con eficiencia a quienes violan esas infracciones, un juez cívico capacitado y adecuadamente remunerado.
Finalmente, en referencia al trabajo comunitario, comentó que es una alternativa para resarcir a la sociedad el daño que está haciendo, pero se necesita saber qué se les va a pedir a los infractores, para lo cual propuso que sea un trabajo centralizado y que las delegaciones indiquen dónde se requiere el trabajo.
