CONDENA ALDF MASACRE DE 72 MIGRANTES CENTROAMERICANOS Y PIDE REVISAR POLÍTICA MIGRATORIA DE MÉXICO
01 de Septiembre de 2010
Boletín # 819
• Exhortan a los gobiernos estatal y federal garantizar los derechos humanos de las personas migrantes durante su estancia o tránsito por el DF
Al condenar la masacre de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas, la Diputación Permanente se pronunció porque los gobiernos federal y estatal actúen de manera pronta y responsable en la averiguación de los hechos, y aporten los elementos suficientes para el castigo de los responsables.
El punto de acuerdo de las diputadas Maricela Contreras Julián, Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Rosas Montero, al que se adhirió su homólogo David Razú Aznar, pide también al gobierno federal una revisión urgente de la política migratoria en México y realizar los cambios necesarios en la estrategia, apegados a los más altos estándares internacionales y de respeto a los derechos humanos.
Además, se exhorta a las autoridades federales y estatales a garantizar los derechos de los migrantes durante su estancia o tránsito por el Distrito Federal.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero señaló en tribuna que la muerte de los 72 migrantes demuestra el atraso en materia de migración en nuestro país, ya que la legislación mexicana criminaliza el fenómeno migratorio y las autoridades lo reprimen, en contraste con lo que se hace en otros países que lo están atendiendo.
Afirmó que estos hechos revelan el doble discurso en la materia, porque por un lado se condenan los maltratos que reciben nuestros compatriotas en el vecino país del norte y por el otro algunas autoridades mexicanas reproducen las mismas prácticas con las personas que cruzan por nuestra frontera sur.
Estamos frente a una situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, por lo que debemos actuar en consecuencia y no tolerar ineficiencias, incapacidades, encubrimientos y complicidades que sólo ponen en peligro la vida y la integridad de miles y mujeres y hombres que cruzan por las fronteras de nuestro país, aseguró.
Al aclarar que las y los migrantes no son delincuentes, sino víctimas de una política equivocada que los ha colocado en situación de pobreza y marginación, pidió una profunda revisión a la política migratoria actual y hacerla concordante con los compromisos internacionales que ha firmado el gobierno de México.
“Necesitamos una política migratoria que acabe con la vieja y renovada red de complicidad y corrupción por parte de las autoridades migratorias mexicanas, prácticas de mayores consecuencias, debido a la evidente incapacidad y deficiencia con la que han atendido el tema”, dijo la legisladora.
Evocó el informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe que indica que en la frontera sur de nuestro país, 70 por ciento de las migrantes es víctima de violencia, y de éstas, 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual que llega hasta la violación.
Además, la frontera mexicana con Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos porque las mujeres son víctimas de violencia sexual, prostitución forzada, trata y feminicidio.
Por ello, los acontecimientos de Tamaulipas no pueden quedar impunes y no se puede seguir tolerando la falta de respeto a los derechos humanos de los migrantes. “México vive una situación compleja que exige una política migratoria clara, congruente, integral y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes”.
Entre las cifras incluidas en el punto de acuerdo, menciona las proporcionadas por el Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Migrantes en Tránsito por México, entre ellas las que la Policía Federal Preventiva, militares y agentes del Instituto Nacional de Migración son las autoridades más señaladas por los denunciantes.
Entre las agresiones que resaltan son la extorsión, robo, secuestro, revisiones ilegales, golpes, persecuciones, violaciones sexuales, amenazas, presiones e inclusive asesinatos, sin que las autoridades migratorias informen las acciones realizadas para combatir estas irregularidades.
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