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CONFIANZA EN LA LEGALIDAD DE LA NORMA 29

CONFIANZA EN LA LEGALIDAD DE LA NORMA 29

24 de Junio de 2011

El diputado Sánchez Camacho, expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actúe conforme a derecho en torno a la acción de inconstitucionalidad en contra de la Norma 29, que establece lineamientos para la instalación de tiendas de autoservicio y proteger a los mercados públicos.

Luego de que la Corte admitiera la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR en contra de la Norma 29, el diputado Sánchez Camacho señaló que desafortunadamente la máxima instancia de justicia en el país se ha caracterizado por ponerse al servicio y a las órdenes de los grandes intereses económicos y fácticos que se han enriquecido a costa de la mayoría de los mexicanos.

Dijo que el Gobierno del Distrito Federal y el área jurídica de la propia ALDF tendrán los argumentos para defender la reciente ley aprobada que tiene como principal propósito proteger a las más de 70 mil familias que viven del comercio que se desarrolla en los mercados públicos.

De no mantenerse la Norma 29, muchos pequeños comercios y locatarios sucumbirían ante la competencia desleal que les implica tener cerca a las tiendas que pertenecen a los grandes emporios trasnacionales.

Sánchez Camacho recordó que la norma señala que los “super” o tiendas de conveniencia sólo podrán establecerse en predios con uso habitacional mixto y destacó que la reforma contempla además la obligación de formar una comisión para elaborar un programa de mejoramiento de los mercados públicos.

Precisó que la Norma 29 también impulsa el mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el desarrollo del abasto público.

Destacó que conjuntamente con la protección a mercados públicos, se implementará un programa de la organización y desarrollo de estos centros de abasto popular en el DF que abordará al menos los siguientes aspectos: un diseño de política pública, mitigación de riesgos y obras de mantenimiento medidas y acciones para el mejoramiento de la competitividad de los mercados públicos, modernización de las instalaciones y servicios.